Este lunes ambos temas centraban la Junta de Portavoces. Por un lado, Vox y Más Madrid insistían en habilitar el mes de julio para celebrar plenos monográficos, mientras que PP y PSOE recordaban que ese mes se usaba también para trabajar como, por ejemplo, visitando los municipios para conocer sus necesidades.
En el caso de la ley, hubo cierto consenso respeto a su utilidad, pero críticas a la forma de presentrarla, por lectura única, lo que acorta los plazos de tramitación suprimiendo su paso por la comisión del ramo.
El proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 5 de junio y en su presentación estimaron que podría liberar unos 1,8 millones de metros cuadrados de locales para transformarlos en un total de 20.000 nuevos pisos. Se haría en virtud de una medida temporal y extraordinaria que permite el cambio de suelo calificado como terciario a residencial para hacer viviendas con alguna protección pública sin modificar el planeamiento, sino por licencia.
Mientras que el PP defendía la Ley de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida como una medida «rápida» ante la situación actual del mercado inmobiliario, la oposición censuraba la «falta de consenso».
La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, veía positiva la medida pero creía que es «arriesgado» llevar una ley a la Asamblea en la que no se ha «llegado a un consenso» con todos los actores, apuntando a continuación a que pudiera ser recurrida y generase luego «inseguridad jurídica».
Por su parte, su homóloga de Más Madrid, Manuela Bergerot, tachaba la medida de «parche», aunque entiende que es positivo que se pueda movilizar una infraestructura ya construida para aumentar el parque público de vivienda; mientras que el líder de los socialistas en la Cámara, Juan Lobato, afeaba que se haya presentado «en 10 días un proyecto de ley en lectura única», que «no permite ni debate, ni enmiendas ni propuestas alternativas».
Agua, economía y balances, en las preguntas a ayuso
La ley será el punto central de la sesión, que arrancará con la sesión de control a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En ella se le preguntará sobre la subida de las tarifas del agua (Vox), las medidas para mejorar la estabilidad económica de la Comunidad (PSOE), las actuaciones ante pisos turísticos (Más Madrid) y el balance de la gestión de este primer año de legislatura (PP).
Tras ello, llegará el turno de las dirigidas a los consejeros, que versarán, entre otros, sobre la digitalización, el fin de curso escolar, el CEIP Ramiro de Maeztu, la construcción de centros de salud, los bomberos de la Comunidad de Madrid o las iniciativas sobre el colectivo LGTBI.
En este punto se debatirá la ley y se votará únicamente si se acepta que se tramite por lectura única. En caso de que así sea, como probablemente ocurra dada la mayoría absoluta del PP, al final de la sesión se votará su aprobación.
Comparecencias sobre lgtbi y déficit
En el siguiente punto del día se encuentran las comparecencias. En esta ocasión tomará la palabra la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, para informar sobre las políticas llevadas a cabo por su área para proteger los derechos de las personas LGTBI, pedida por el socialista Santi Rivero; y la titular de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, para tratar el grado de cumplimiento de los objetivos de déficit público, deuda pública y regla de gasto del ejercicio 2023 , requerida por el diputado del PSOE Fernando Fernández.
Vivienda y palestina, en las pnl
Ya en el turno de las Proposiciones No de Ley (PNL) Más Madrid buscará el apoyo de la Cámara para pedir a la Comunidad de Madrid que contribuya con 1 millón de euros a la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) para ayudar a las labores de asistencia y protección a la población palestina y también para que dedique al área de vivienda 1.750 millones de euros en los Presupuestos de 2025.
Vox, por su parte, hará lo propio para que se haga un plan integral de vivienda destinado específicamente a los jóvenes madrileños que contemple construcción de vivienda asequible, el fomento del alquiler con opción a compra y el acceso a programas de financiamiento hipotecario con condiciones favorables.
Tras ello se designarán los miembros del PSOE en la Diputación Permanente de la Cámara y los vocales en los consejos sociales de las universidades públicas madrileñas. A continuación el timbre llamará a los diputados, que votarán y se despedirán de su escaño hasta mediados de septiembre cuando, previsiblemente, asistan el Debate sobre el Estado de la Región que dará comienzo al curso político 2024/2025.
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