Pérez ha indicado que combatir los delitos contra el patrimonio cultural es, de hecho, «una de las líneas estratégicas para esta legislatura», ha informado el Ejecutivo aragonés.
Así lo ha afirmado en la inauguración del seminario internacional sobre la lucha contra los delitos relativos a los bienes culturales, centrado en la Convención de Nicosia y que organiza este jueves y viernes el Consejo de Europa, en colaboración con el Ejecutivo aragonés, en el Edificio Pignatelli en Zaragoza.
En este acto, la directora general ha recordado que el patrimonio cultural es «uno de los pilares fundamentales que conforman la identidad propia de los países» y ha advertido de que los delitos contra estos bienes culturales «atacan al espíritu que forma y conforma la identidad de un pueblo, de un país y de toda la humanidad».
Activar todos los recursos
Por ello, es necesario activar todos los recursos para defender ese patrimonio «que nos hace ser lo que somos, porque sin él nos quedamos sin historia, sin referentes, sin la voz de nuestros antepasados».
Pérez ha señalado que el Consejo de Europa y el Gobierno de Aragón comparten el objetivo común de luchar contra los delitos relacionados con el patrimonio cultural, incluidos el daño, la destrucción y el tráfico ilícito de bienes culturales.
«Aragón ha sido una comunidad duramente castigada por esta lacra», ha aseverado, recordando que ha sido necesario adoptar medidas para prevenir el expolio arqueológico y luchar activamente contra el mismo.
El Gobierno de Aragón realiza numerosas actuaciones en este sentido, como el control de uso de los detectores de metales, la imposición de sanciones administrativas o el seguimiento de las piezas que puedan proceder de la comunidad en redes sociales, internet y casas de subastas, una labor que desarrolla en coordinación con otras administraciones como el Ministerio de Cultura, la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional o la sección de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
«Llevamos años luchando contra el expolio y el tráfico ilícito de bienes culturales y es una de nuestras líneas estratégicas para esta legislatura», ha manifestado Pérez.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo autonómico emprende las acciones judiciales que considera necesarias, participando activamente en las mismas, mediante la redacción de informes periciales y el seguimiento de estos procedimientos.
La cooperación es esencial
La directora general ha recordado que, en 2017, el Consejo de Europa abrió a la firma el convenio sobre delitos contra los bienes culturales, conocido como Convenio de Nicosia, que entró en vigor el 1 de abril de 2022. Seis países han ratificado el convenio y otros siete lo han firmado.
«Este tratado de derecho penal es el único instrumento jurídicamente vinculante destinado a prevenir y combatir estos delitos, mediante el fortalecimiento de las respuestas de la justicia penal, al tiempo que promueve la cooperación internacional», ha apuntado.
Dada la experiencia que Aragón tiene en esta materia, «estamos encantados de colaborar con el Consejo de Europa en la organización de este seminario internacional» que acogerá a expertos y representantes de otros países para debatir sobre esta cuestión y que, ha confiado, «esperamos que sea provechoso para promover la adhesión de más países al Convenio de Nicosia».
«Los problemas comunes requieren de soluciones comunes y en el mundo actual debemos unirnos contra los desafíos que tenemos», ha considerado, para concluir que la cooperación y el trabajo conjunto «es esencial» en la lucha contra este tipo de delitos.
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