La iniciativa, que nació del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y se ha tramitado por el procedimiento de lectura única, tiene como objetivo «el aumento del parque de vivienda regional para facilitar así su acceso a los madrileños». El Ejecutivo madrileño estima que dicha ley pueda liberar 1,8 millones de metros cuadrados de locales para convertirlos en 20.000 nuevos pisos en diversos municipios de la región.
Así, el texto establece concretamente una medida extraordinaria y temporal que autoriza el cambio de uso de suelo calificado como terciario (destinado a oficinas) a uno residencial, para la implantación de viviendas sujetas a alguna protección pública (VPP) en régimen de alquiler. Esto será posible sin necesidad de hacer una modificación del planeamiento.
En su lugar se podrá realizar mediante licencia. Para ello, los ayuntamientos tendrán hasta cuatro meses para decidir su aplicación. En el caso de sigan adelante se habilita un plazo de dos años para solicitar la licencia y de tres como máximo para ejecutar la obra. Se podrá aplicar en parcelas vacantes o en edificios existentes, siempre que sea a toda la infraestructura.
Además, incluye la exención de los planes especiales para la implantación de VPP en las parcelas supramunicipales calificadas como equipamientos. Con ello se produce una reducción del plazo para su construcción de entre 8 y 12 meses.
También se recoge un nuevo estándar sobre reservas de aparcamiento para las VPP, situando el número de plazas de aparcamiento en uno por vivienda. En todo caso, se respeta la autonomía local. Así, los ayuntamientos podrán decidir su aplicación en su término municipal, así como establecer condiciones adicionales o definir los ámbitos territoriales para su implantación.
Da seguridad jurídica, destaca novillo
En el debate parlamentario, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad, Carlos Novillo, ha hecho hincapié en que es compartido por todos que «el acceso a la vivienda a precios asequibles es uno de los principales problemas» de la sociedad y ha incidido en que con esta norma se atiende «a la necesidad de liberalizar el proceso de implantación de cargas urbanísticas que han resultado innecesarias» pero manteniendo «la seguridad jurídica».
Y es que desde el Ejecutivo regional apuestan por facilitar el acceso a la vivienda «mediante la simplificación de trámites, la reducción de cargas y la implementación de modificaciones que permitan una mejor organizativa y un impulso de la actividad económica en la promoción de la vivienda», especialmente de la protegida.
Vox pide más y la izquierda la critica
Por su parte, el diputado de Vox Javier Pérez ha indicado que darán su apoyo a esta ley pero ha instado al Ejecutivo madrileño a hacer más en materia de vivienda. «Pensamos que se quedan cortos», ha sostenido, para a continuación considerar que, aunque han apoyado la lectura única, esta ley podría haber sido «enriquecida» durante un trámite parlamentario más largo.
La parlamentaria del PSOE Cristina González ha considerado que esta ley es «una chapuza» y una «improvisación a una emergencia habitacional que vive la Comunidad de Madrid, que viene de largo y que empeora día a día». Además, ha hecho hincapié en que puede tener «efectos indeseados» como falta de dotaciones, desequilibrio territorial en la ubicación de las potenciales viviendas o insostenibilidad en la implantación.
Por último, el diputado de Más Madrid Pablo Padilla ha considerado que esta ley es un «pelotazo en diferido», una medida «que podría estar bien» sino estuviera «capitaneada» por la «avaricia» del PP y si no sirviera «como un hueso para las constructoras y si no estigmatizara la vivienda protegida».
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