La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, condecora al presidente de la República Argentina, Javier Milei, en la Real Casa de Correos. | Eduardo Parra - Europa Press

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Más Madrid ha registrado iniciativas en el Congreso, Senado y Asamblea de Madrid para revocar la Medalla Internacional concedida el pasado viernes por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al presidente de Argentina, Javier Milei, y ha reclamado al Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea encabezado por José Manuel Albares que actúe contra este reconocimiento.

Según ha defendido la portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, hay «indicios sobrados» para que se pueda quitar esta distinción ya que se ha concedido sin coordinar con el Ministerio que es quien debe marcar «toda la política Exterior» de España.

Bergerot ha tachado de «desleal» a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tanto con el Ejecutivo central como con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, «que ni siquiera estaba invitado».

«Además, se le volvió en contra porque Milei empezó a hablar, precisamente, de quienes usan las instituciones para dar prebendas a novios y hermanos (...) Se le ha vuelto en contra en tanto que ahora mismo su novio está declarando en el juzgado», ha lanzado Manuela Bergerot.

La iniciativa remitida a la Asamblea de Madrid, a la que ha tenido acceso Europa Press, es una Proposición No de Ley (PNL) con cuatro puntos. Primero se encuentra la revocación de la concesión y la petición a Milei de que la devuelva.

En segundo lugar se pide un protocolo para la entrega de la Medalla Internacional de la Comunidad que cuente con tres ejes: la comunicación al Ministerio de Asuntos Exteriores de los encuentros a tener con otros países, el sometimiento de este galardón a la política exterior nacional y que la remisión a la Asamblea y la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) será siempre anterior a su concesión.

También reclaman que acompañe al reconocimiento un informe que «verifique el respeto a los derechos humanos y los principios del Estado social y democrático de Derecho». Por último piden al Ministerio que realice «todos los actos administrativos o judiciales necesarios» para que se revoque la concesión.