El portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha avisado este lunes que desde el Ejecutivo autonómico «siempre» van a «alzar la voz respecto a cualquier menoscapo que sufra Andalucía como comunidad autónoma» en materia de financiación, pues, «no podemos olvidar que Andalucía es la comunidad autónoma más poblada de España».
En este sentido y en declaraciones a los periodistas junto al alcalde de Córdoba, José María Bellido, durante a una visita al Complejo Medioambiental 'Juan Revilla' de Sadeco en Córdoba, Fernández-Pachecho ha señalado que «estamos viviendo momentos convulsos en la política nacional».
De hecho, según ha argumentado, «todos vemos atónitos cómo una consejera de Hacienda andaluza, en base a unos argumentos que no se cree ni ella, intenta convencernos de que lo mejor para Andalucía, de que lo mejor para el conjunto de España es que se trate de manera diferente a aquellas comunidades que ya están de por sí bien financiadas, en detrimento de aquellas comunidades históricamente peor financiadas, como la nuestra».
Por eso, según ha subrayado el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, «Andalucía no aspira a tener una mejor financiación que nadie. Andalucía no quiere ser más que nadie», pero «Andalucía sí quiere lo que le corresponde, y no vamos a permitir diálogos unilaterales con una comunidad autónoma para que las demás nos repartamos al resto».
En consecuencia desde la Junta de Andalucía han pedido «la convocatoria de una conferencia de política fiscal y financiera en la que todas las comunidades podamos dialogar en plano de igualdad, en base a criterios objetivos, en aras a alcanzar un pacto nacional que nos lleve a un nuevo modelo de financiación» autonómica.
El objetivo último, según ha concluido Fernández-Pacheco, es contar con un modelo de financiación «que permita que Andalucía no siga perdiendo casi 1.500 millones de euros todos los años por una financiación injusta, que va en detrimento de la prestación de servicios públicos que tenemos encomendados».
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