La sección 3 de la Audiencia de Barcelona juzgará a partir del martes y hasta el jueves a tres hombres acusados de prostituir y violar a menores tuteladas de un centro de Barcelona.
Según el escrito de la fiscal, en fecha indeterminada, pero, a principios de 2022, uno de ellos contactó a través de Instagram con una de las víctimas, que en ese momento tenía 17 años y estaba tutelada por la Generalitat de Catalunya.
A raíz del mensaje, el acusado empezó una relación sentimental con la menor entre febrero y junio de ese año, y en varias ocasiones llevó a su pareja a su domicilio, «el lugar habitual de punto de reunión de los tres procesados».
«Tras ganarse la confianza» de la menor, quien se escapaba del centro para acudir al piso, informó de éste a otras compañeras del mismo centro, una de 16 años y otra de 14.
"situación de vulnerabilidad"
«Cada uno de los procesados, siendo conscientes de que todas las perjudicadas eran menores de edad en situación de vulnerabilidad, comenzaron a realizar acciones encaminadas todas ellas a satisfacer sus deseos sexuales, aun sabiendo que no mediaba el consentimiento de ninguna de ellas», explica.
En el interior del piso, las menores consumían sustancias que les provocaban un estado de semiinconsciencia que era «aprovechado por los procesados».
Uno de ellos, cuando una menor se encontraba en un estado de intoxicación, le ofreció dinero a cambio de que mantuviera relaciones sexuales con los otros dos.
También les ofrecieron bebidas «adulteradas con algún tipo de sustancia ilícita», y las agredieron sexualmente, según la fiscal.
En el piso del acusado se encontraron bolsitas de plástico con cocaína, y anfetamina, metanfetamina, dimtilanfetamina y antipsicóticos, que iban a vender a terceros.
En prisión desde 2022
Los acusados se encuentran en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el 29 de julio de 2022, y los hechos relatados son constitutivos de tres delitos de prostitución, explotación sexual y corrupción de menores; cuatro delitos de agresión sexual con penetración y un delito contra la salud pública en su vertiente de tráfico de drogas.
Así pues, la Fiscalía pide 15 años de prisión y 13.256 euros multa para uno de los acusados; 20 años de prisión y 25.920 euros de multa para otro, y 14 años de cárcel y 296 euros de multa para otro.
Además, los acusados tendrán que dar entre 37.000 y 38.000 euros como indemnización a las víctimas por las lesiones psíquicas ocasionadas.
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