«Lo advertimos desde el principio. La ley trans de Ayuso va contra los derechos de las personas trans en la Comunidad de Madrid y va contra la Constitución. Es una ley que patologiza a las personas trans y vulnera la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad», ha trasladado la portavoz de la formación en la Cámara de Vallecas, Manuela Bergerot.
Así, ha defendido que desde su formación se hizo una «oposición férrea» a esta ley aprobada junto a la modificación de la norma frente a la LGBTIfobia en el último pleno de 2023, siendo «una prioridad» de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, «desde el inicio de la legislatura».
«Dice mucho que la presidenta que quiso envolverse en la bandera de la libertad inaugurara su agenda legislativa recortando derechos a las personas LGTBI. No hay mayor ataque contra la libertad y esperamos que la justicia pueda frenar los aspectos más lesivos de esta ley», ha rematado.
Psoe-m lo valora muy positivamente
Por su parte, el secretario de Diversidad, LGTBI y Movimientos Sociales del PSOE de Madrid, Santi Rivero, ha valorado «muy positivamente» que se haya tomado esta decisión ante «recorte de derechos».
«Después de que se le ha dado un plazo muy prudencial para negociar revertir ese recorte que se había producido en diciembre, la Comunidad de Madrid ha hecho oídos sordos en su afán por no escuchar y por ir al choque con el Gobierno central», ha afeado Rivero.
Al hilo, ha garantizado que el Ejecutivo regional va a «seguir teniendo enfrente» al PSOE-M «defendiendo las leyes originales» y los derechos de las personas trans. «No se puede quedar impune este primer retroceso en derechos y libertades para el colectivo LGTBI que ha perpetrado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso», ha advertido.
El recurso
El recurso lo ha explicado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Se trata de dos leyes autonómicas, la primera se refiere específicamente a los derechos y la protección de las personas trans y la segunda más genéricamente a la protección de las personas LGTBI en su conjunto.
«Los derechos de las personas trans, de las personas LGTBI no pueden esperar y además hay que garantizar, tenemos la obligación de garantizar, que esos derechos se ejercen en igualdad de condiciones en todo el territorio español», ha asegurado Redondo.
En este sentido, Redondo ha asegurado que la normativa de la Comunidad madrileña es «regresiva» y que «limitan y vulneran» los derechos que están reconocidos en la legislación estatal.
Redondo también ha matizado que no se impugnan todas las previsiones de la normativa autonómica, sino aquellos aspectos que se consideran anticonstitucionales por ser contrarios a los derechos fundamentales o por invadir competencias del Estado.
Así, el Gobierno impugnará la excepción que se hace a la prohibición absoluta de las terapias de conversión, que permiten el asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica. En segundo lugar, también la patologización que se hace de los menores trans, al obligarles a someterse a un proceso de acompañamiento psicológico o psiquiátrico y a obtener un informe facultativo favorable como condición para iniciar un tratamiento para su transición.
Igualmente, Redondo ha destacado que la decisión de acudir al Tribunal Constitucional se adopta tras haber explorado la vía de la negociación, a través de la Comisión Bilateral, entre la Administración General del Estado y la Comunidad de Madrid. En esta línea, ha afirmado que «no ha sido posible llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid». Ante esta situación, el Gobierno interpondrá el recurso de inconstitucionalidad con efectos suspensivos, un recurso que Redondo ha recordado que también ha interpuesto el Defensor del Pueblo alegando «motivos similares».
La suspensión supondría que la prohibición de las terapias de conversión tendrá carácter absoluto, que las personas menores que quieran acceder a un tratamiento farmacológico no necesitarían acompañamiento psicológico o psiquiátrico, ni informe médico favorable y que carecerá de eficacia la exclusión de las organizaciones LGTBI como posibles interesadas en los procedimientos penales o administrativos sancionadores.
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