El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado en el pleno de este viernes retirar el nuevo protocolo de Alojamientos Temporales de Urgencia (ATU), que establece seis meses como estancia máxima en este tipo de alojamientos.
La propuesta, presentada por los Comuns y que también incluye abrir un proceso de diálogo y trabajo con los profesionales de los Centros de Servicios Sociales, ha contado con los votos a favor de BComú, Junts y ERC, la abstención del PP, y los votos en contra del gobierno municipal (PSC) y Vox.
La concejal de BComú Carol Recio ha destacado que el nuevo protocolo «abre el riesgo de volver a desalojar a personas que ya han sido desalojadas de su casa» y genera angustia, malestar y carga de trabajo a las trabajadoras sociales, ha dicho.
También ha reprochado al gobierno de Jaume Collboni que desde los Comuns no tienen claras las alternativas después de los seis meses, ni cuáles son sus políticas de vivienda de alquiler público.
Propuesta de mejora del protocolo
La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Maria Eugènia Gay, ha anunciado que el gobierno municipal presentará una propuesta de mejora del protocolo, diseñada de la mano del Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS).
Se ha comprometido a «extender la participación y generar el máximo consenso», con la creación de una comisión de seguimiento con los grupos municipales y otra con representantes de los trabajadores, y ha defendido que el plazo de seis meses pretende potenciar la ayuda económica por delante de la prescripción en ATU para potenciar la autonomía.
También dicho que «por coherencia», el Estado debe dar paso a la derivación a otro tipo de alojamiento temporal o a una solución autónoma con apoyo social y ayudas económicas, y ha insistido, textualmente, en que en ningún caso se dejará de atender a las necesidades de las personas.
Grupos municipales
La portavoz de Junts en Barcelona, Neus Munté, ha criticado que el protocolo no es oportuno ni se ha dialogado con los trabajadores ni los grupos municipales, y ha lamentado que el plazo de seis meses «termina constituyendo una especie de espada de Damocles terrible sobre estas personas vulnerables y los profesionales».
Para la concejal de ERC Eva Baró, la solución a la problemática de la vivienda en Barcelona «no pasa por impulsar un protocolo nuevo de esta trascendencia sin un mínimo consenso por parte de los actores implicados».
El concejal popular Victor Martí ha señalado que en seis meses «es muy difícil que una familia vulnerable» pueda salir de su situación y ha instado a la colaboración publicoprivada como parte de la solución.
Por su parte, el concejal de Vox Liberto Senderos ha afirmado que «no puede ser que los recursos, que son limitados, destinados a paliar una situación urgente, se prolonguen, ya que existen otras personas necesitadas de dichos recursos».
Los sindicatos, en contra del protocolo
Este jueves sindicatos de vivienda de Barcelona y otros colectivos sociales ocuparon el interior del IMSS del Ayuntamiento de Barcelona, para protestar en contra del protocolo.
En declaraciones a los periodistas, la miembro del Sindicat d'Habitatge de Gràcia, Judit Esposa, reprochó al consistorio no concretar «qué pasará después de estos seis meses» y reivindicó que muchas familias están excluidas de un mercado privado que es racista y aporofóbico.
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