El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha calificado este viernes de «serial» el movimiento político que se ha generado a partir de la única sentencia del Tribunal Constitucional conocida a partir los recursos de amparo del caso ERE y la filtración de las ponencias de los futuros fallos para advertir de una posible consecuencia. «A ver si va a quedar impune el robo de los 700 millones», ha afirmado.
En el coloquio posterior a su intervención en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, en colaboración con la Fundación Cajasol y el patrocinio de Atlantic Copper, Sanz ha pedido cautela a hacer pronunciamiento «hasta que se conozca la sentencia», aunque de igual forma ha señalado el hecho de que «estamos conociendo las futuras sentencias con antelación».
«Estamos hablando del Tribunal Constitucional en serie por adelantado», ha continuado considerando el consejero, quien ha remarcado que «sabemos lo que va a ocurrir el 16 de julio», en referencia a la jornada que se ha anunciado se conocerá el fallo sobre el recurso del expresidente andaluz José Antonio Griñán, e inferior de esta forma de proceder que es «muy llamativo».
«Si se pone en cuestión la prevaricación, la malversación tiene los días contados», ha colegido el consejero de la Presidencia a raíz del fallo favorable a la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez sobre ese primer delito, que obliga a la Audiencia de Sevilla a revisar su fallo sobre el uso de las transferencias presupuestarias.
«Cuidado con lo que se hace», ha precisado Antonio Sanz, con su temor de que peligre «la oportunidad de recuperar el dinero» por el hecho de que «reformular sentencias» puede conducir «a dejar impune» los delitos por cuanto se pase de «declarar impunes a las personas concretas» a que se haga lo mismo «en sí con el caso, con el robo, con el dinero de los parados», para lamentar que «esto sí que es preocupante, grave».
El consejero de la Presidencia ha situado el pronunciamiento del Constitucional como «un intento del PSOE de borrar una historia lamentable», aunque ha señalado que «gracias a Dios es historia» y que la Andalucía actual «no tiene nada que ver», por lo que se trata de «una etapa del pasado que no existe, pero no se puede borrar», antes de recordar que fue el Tribunal Supremo el que calificó en su sentencia como «el mayor caso de corrupción de la historia de España».
Tras precisar que «ni siquiera en los votos particulares, que fue la base de los recursos de amparo, discutían la prevaricación como delito», ha asegurado que «no voy a entrar a valorar las decisiones del Tribunal Constitucional como gobierno», aun cuando ha hablado de que «cuesta trabajo» ver al Constitucional como «una sala de casación del Supremo».
Sanz, quien ha recordado que fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien adelantó en un mitin en Benalmádena (Málaga) ese fallo favorable a Magdalena Álvarez, para asegurar que «no había visto eso en mi vida», ha criticado al PSOE andaluz por que «pretenda que les demos las gracias por haber permitido el mayor robo de la historia» e ironizar entonces sobre si «es el PP el que tiene que pedir perdón», hecho que le ha llevado a afirmar si «consideran que los andaluces son idiotas, que los ERE no existieron».
«Vamos a seguir luchando para que el dinero que se robó vuelve a mano de los andaluces», ha dicho el consejero de la Presidencia sobre el propósito que mueve al Gobierno andaluz, que es «recuperar todo el dinero que se pueda», y ha explicado que en estos momentos «quedan más de 100 causas pendientes», de las cuales se deriva «el reconocimiento de 62 millones en sentencias favorables», para remarcar que «no vamos a renunciar ni a un euro de los casi 700 millones que se robaron del dinero de los ERE», en que se cifra el dinero desviado en las ayudas sociolaborales a empresas en crisis.
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