La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha indicado que el Gobierno foral confía, una vez presentado este lunes el informe de conclusiones de la ponencia de las Juntas Generales sobre la reforma fiscal, en aprobar la nueva Norma foral que modificará la fiscalidad del Territorio histórico «a finales de este año».
En rueda de prensa para hacer balance de lo que va de la presente legislatura en la Diputación, Mendoza, acompañada del primer teniente de diputada general y diputado foral de Sostenibilidad, José Ignacio Asensio, ha recordado que este lunes se ha presentado el informe de la ponencia creada en las Juntas Generales de Gipuzkoa sobre la reforma fiscal, en la que han comparecido más de 70 expertos para aportar su punto de vista.
A partir de ahora «los grupos políticos tendrán una semana para hacer sus aportaciones», ha indicado, para añadir que la votación de estas conclusiones se llevará a cabo el 18 de julio y después el Gobierno foral redactará un proyecto de Norma foral, que «será discutido con el resto de los partidos políticos con el fin de llegar a un acuerdo», con la «esperanza» de que su aprobación tenga lugar este año.
«Tenemos una fiscalidad que ha respondido bien a las últimas crisis, tanto a las familias como a las empresas y se ha podido ayudar», ha apuntado, para añadir que, no obstante, se abría «la oportunidad de que la fiscalidad siguiera respondiendo a los retos que tenemos como Territorio y a los retos que tenemos como país», algo en lo cual el Ejecutivo foral ha querido «ahondar».
Tras mostrarse «convencida» de que todos los grupos políticos con representación en el Parlamento guipuzcoano serán «capaces de llegar a un acuerdo» para acometer esta reforma, ha indicado que el resto de Territorios históricos también tienen la mirada puesta en la Ponencia de Juntas. «Se está trabajando en el seno de los partidos a todos los niveles para intentar llegar a ese acuerdo que va a ser bueno para Gipuzkoa y para nuestro país», ha insistido.
Informe de la ponencia
En cuanto al contenido del informe de la ponencia de Juntas Generales de Gipuzkoa sobre la reforma fiscal, se fija como «primer objetivo general» de la misma el «fortalecer los servicios públicos, una redistribución de la riqueza, la creación de empleo y el logro de unos estándares de bienestar dignos para el mayor número de habitantes de Gipuzkoa».
Además se apela a la progresividad, sin perder de vista «la necesidad de mantener e incidir en la competitividad de las empresas». También se apela a la necesidad de «realizar políticas activas» en beneficio de las rentas bajas, con medidas «que impulsen a largo plazo la actividad económica de alto valor añadido, con el objetivo de tener un mercado laboral fuerte, competitivo, con alta productividad y salarios más altos»; así como adecuando el sistema tarifario impositivo a las mismas.
En relación a la carga impositiva de las rentas medias guipuzcoanas, se recuerda que «no pueden beneficiarse de las políticas públicas de ayudas, subvenciones o bonificaciones para hacer frente a las graves consecuencias del aumento considerable del precio de la cesta de la compra, del carburante, la electricidad, el gas o la vivienda, así como, el incremento de los tipos de interés por parte de los principales bancos, pero que lamentablemente lo sufren de primera mano en sus hogares».
«Para que el sistema tributario del Territorio siga siendo coherente y cumpla con el objetivo constitucional de progresividad debe seguir sometiendo las rentas más altas en mayor medida que las bajas y las medias, contribuyendo así a un sistema tributario justo, equitativo y solidario para el conjunto de la ciudadanía», se apunta en el informe.
Asimismo, como «principales desafíos» del Territorio se apunta a la cohesión social, el reto demográfico, garantizar el derecho subjetivo a la vivienda reconocido por la Ley, con especial atención a su acceso mediante la figura del arrendamiento y dirigido especialmente a los colectivos de personas en situación de vulnerabilidad y a jóvenes, al desempleo, al desarrollo económico sostenible, a la transición energética y a la innovación y competitividad.
Según el informe, todos ellos «requieren un enfoque integral que involucre a múltiples actores, entre las que deben encontrase las instituciones forales, pero también el Gobierno Vasco y los ayuntamientos, así como el sector privado, la sociedad civil y la universidad».
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