Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos, a 30 | Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

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La Comunidad de Madrid va a actuar sobre el 90% de las 570 infraestructuras judiciales de la región en el periodo 2023-2027 con una inversión superior a los 830 millones de euros, ya sea para su renovación parcial, total o mejora en eficiencia energética.

Así lo ha detallado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante un encuentro con los medios de comunicación para hacer balance del primer año de legislatura, donde ha destacado además que ya se han cumplido o están en marcha el 96% de las medidas recogidas en el programa de gobierno en relación al departamento que dirige.

En materia judicial, concretamente, en 2023 se inauguraron los nuevos juzgados de Valdemoro y se encuentran muy avanzadas las obras de los nuevos palacios de Justicia de Getafe, que entrarán en funcionamiento este año, y los de Torrejón de Ardoz, cuya actividad empezará en 2025. También se han abierto cinco nuevos juzgados ?-dos de lo penal y dos de lo social en Madrid-- y uno de primera instancia en Arganda del Rey.

Asimismo, se acaba de adjudicar el de Móstoles, «el segundo más grande de España tras la Ciudad de la Justicia», que contará con una inversión de más de 31 millones de euros. Atenderá a 300.000 vecinos de este y otros cinco municipios (Villaviciosa de Odón, Brunete, Móstoles, Quijorna y Villanueva de la Cañada), unificará las 5 sedes actuales que albergan 25 juzgados, y contará con espacio para futuras ampliaciones para otros 7 más.

Su construcción arrancará este año junto con el de Collado Villalba. También se rehabilitarán los edificios judiciales de Leganés, Alcorcón, Colmenar Viejo, Coslada y Fuenlabrada.

Ciudad de la justicia

Por otro lado, la mesa de contratación también ha propuesto ya la adjudicación provisional de la redacción de proyectos y ejecución de obra para la construcción de la Ciudad de la Justicia de Madrid. Concurrieron al concurso 13 empresas agrupadas en cinco UTE.

Este proyecto cuenta con un presupuesto de 683 millones de euros durante el periodo 2024-2028. La firma del contrato está prevista para este verano, a mediados de septiembre se presentará el diseño del proyecto y a finales de año se hará la entrega definitiva del proyecto. El inicio de las obras será en el primer semestre de 2025.

Más recursos en los juzgados

El Ejecutivo autonómico ha defendido que han mejorado en los últimos doce meses las condiciones laborales de los más de 7.200 trabajadores públicos de la Administración de Justicia, gracias al Acuerdo Sectorial alcanzado con todos los sindicatos. Ha nombrado 1.350 funcionarios interinos y ampliado las plantillas en la Fiscalía, los juzgados civiles de Madrid, la red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF).

El consejero ha hecho énfasis en la transformación digital de la Justicia, y ha destacado que ya se ha implantado en un 90% el Expediente Judicial Electrónico, «consiguiendo reducir en hasta un 20% los actuales tiempos de tramitación». También ha señalado el trabajo realizado para dotar de más recursos al personal pese a «la inacción del Gobierno central». De hecho, ha reiterado la solicitud de 629 plazas de funcionarios de la Administración Justicia para cubrir al menos las necesidades básicas y garantizar la estabilidad de los empleados.

Por otro lado, García Martín ha hecho hincapié en que la Comunidad se ha convertido en este periodo en la primera región de España en regular la figura del experto facilitador. Prestará apoyo a personas con discapacidad en sus sedes judiciales --juzgados adscritos a alguno de los 21 partidos judiciales existentes, la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia--.

La normativa en tramitación establece los requisitos, principios de actuación y el modo de designación de estos profesionales. Deberán ser licenciados o graduados en Psicología, Derecho, Logopedia, Criminología, Trabajo Social, Educación Social o Terapia Ocupacional. También tendrán que contar con una formación específica ?cursos con una duración mínima de 100 horas.

Para cerrar el capítulo de la Justicia, García Martín ha destacado la labor que realiza la Agencia para la Reeducación Y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI). El 90% de los jóvenes que pasan por sus centros no vuelve a delinquir. El año pasado se atendió a 592 menores, un 7,5% menos que en 2022, de los cuáles 446 encontraron empleo. También ha descendido en más de un 5,5% las medidas ejecutadas (1.864) y se han puesto en marcha nuevos programas para prevenir que los menores caigan en las redes de las bandas juveniles violentas.

Atención al ciudadano

La Oficina Central de Atención al Ciudadano ha cambiado de lugar el mes pasado. De Gran Vía ha pasado a Carrera de San Jerónimo, donde ha crecido en espacio, servicios y horario. Este espacio aumenta su superficie con respecto al anterior en casi 100 metros cuadrados.

Asistió a casi 52.000 personas en 2023, un 9% más que en 2022. Solo en el primer cuatrimestre de este año, ha prestado ayuda a casi 20.000 madrileños. En total, se han prestado más de 9 millones de consultas con los ciudadanos 44% más que en el mismo período anterior: 8,4 millones a través del Servicio 012 y 487.000 presenciales a través de la red de oficinas.

Este primer año también se ha dado un impulso a los canales digitales para atender a los madrileños, con un total de 97.000 consultas realizadas. Se han potenciado los servicios de atención especializada y se ha ampliado su horario 24 horas al día para que estén disponibles todo el año.

Pueblos más pequeños

Respecto a la parte de Administración Local, el consejero madrileño ha destacado que se ha puesto en marcha el programa Pueblos con Vida, que supondrá una inversión de más de 40 millones anuales para ejecutar más de una decena de medidas dirigidas a revitalizar los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Asimismo, ha incidido en que el Programa de Inversión Regional (PIR) 2022/26 cuenta con un presupuesto de 1.000 millones, «el más alto de la historia». Gracias a él es posible la financiación de obras, suministros e infraestructuras que tengan la consideración de inversiones, destinados al apoyo y colaboración con las entidades locales para el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia y participación.

En el marco de este programa, se han finalizado 767 actuaciones por un importe total de 211 millones, entre las que se encuentran 206 renovaciones de asfaltado y pavimento, 57 rehabilitaciones de parques y zonas verdes, 100 mejoras en las construcciones de infraestructuras deportivas y 79 en centros educativos y culturales, entre otras.

Actividad legislativa

En materia de actividad parlamentaria y relaciones con la Asamblea, se han celebrado 32 plenos. La presidenta ha respondido 108 preguntas orales y los consejeros 335. Se han contestado 2.754 consultas escritas y 4.699 peticiones de información.

En el Parlamento autonómico se han aprobado 10 nuevas leyes, seis a iniciativa del Gobierno. Entre ellas, la de deflactación de las tarifas del IRPF en el tramo autonómico, la de Economía Circular y la de Medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida.