Así lo ha señalado Del Pozo en una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press. La Junta de Andalucía ha encargado ya a sus servicios jurídicos el estudio de este caso y la interposición de una denuncia contra los autores de este bulo, «teniendo en cuenta, además, que podrían haber incurrido en una falsificación de documento público», según recoge la Junta en su canal específico para alertar de bulos informativos consultado por Europa Press.
La noticia falsa señala que los profesores de Formación Profesional de los centros andaluces están obligados, «bajo amenaza de sanción administrativa», a incorporarse desde el 1 al 31 de julio a sus institutos para desarrollar tareas preparatorias para la implantación de la Ley de Formación Profesional. «Para tratar de hacer pasar este bulo por auténtico, los mensajes en redes sociales van acompañados de una falsificación del BOJA», explica la Junta.
En concreto, los autores del bulo han utilizado la plantilla de una reciente resolución en la que se convocan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de grado superior correspondientes al curso académico 2022/2023. La consejera de Desarrollo Educativo ha calificado los hechos de «gravísimos» ya que parte de la falsificación de un documento público.
Ebau común acordada por las comunidades del pp
En otro orden de cosas, la consejera de Desarrollo Educativo ha valorado el acuerdo alcanzado entre las comunidades gobernadas por el PP para implantar una EBAU «común» frente a una propuesta de nueva Selectividad aprobada por el Gobierno de España que, en palabras de Del Pozo, «tiene pocos cambios más allá del nombre».
La iniciativa del PP «respeta por supuesto» la legislación estatal, ha sostenido la consejera andaluza, para la que ésta recoge la «gran reclamación» hecha por los estudiantes en los últimos años y que pasa, según la Junta, por fijar criterios y parámetros de evaluación, fechas y estructura comunes.
«El Gobierno de Pedro Sánchez se resiste al cambio que necesita» la EBAU, ha señalado Patricia del Pozo, para la que el Ejecutivo central ha estado «dos años mareando». «Es un despropósito», ha sentenciado.
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