La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha avanzado que en el verano de 2025 ya funcionará la plataforma de Inteligencia Artificial para detectar la oferta ilegal de viviendas turísticas que se están comercializando, con el objetivo de regularizar el sector.
Así lo ha afirmado Montes este jueves en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, donde ha participado en la presentación del proyecto Tech FabLab Comunitat Valenciana que permitirá desarrollar un algoritmo para rastrear pisos turísticos sin registrar a través de herramientas de inteligencia artificial.
En el marco del proyecto Tech FabLab Comunitat Valenciana, Montes ha invitado a los emprendedores, empresarios y tejido innovador de la autonomía valenciana a participar en el llamamiento público y aportar «propuestas de valor» para la elaboración de esta herramienta.
El reto, que Montes ha resaltado que «tiene un encaje perfecto en la demanda social que existe actualmente en materia de vivienda turística», pretende establecer una herramienta basada en inteligencia artificial que pueda determinar toda la oferta de economía sumergida y oferta ilegal que se esté comercializando en materia de viviendas turísticas.
Todo ello estará coordinado a través de la Conselleria que, con una labor legislativa, pondrá en marcha «en pocos días» la modificación de la normativa reguladora de las viviendas turísticas, «para responder a esta demanda social que existe de mayor control y, sobre todo, para ser tremendamente estrictos con el control de la economía sumergida y con aquella vivienda que se está comercializando al margen de la ley».
Montes ha destacado que «seguramente» la plataforma podrá entrar en vigor el verano que viene. «Tenemos un año. Precisamente ahora este verano iremos con el primer paso, que es la nueva normativa, haremos un plazo importante de regularización de todo lo que existe, aportación de referencia catastral, valoración de nuevas licencias y el año que viene ya, para el verano que viene, podemos estar limpiando todas las plataformas de toda la oferta ilegal», ha explicado.
La consellera, que ha sostenido que se trata de una herramienta «pionera», ha apuntado que «es difícil calcular» el número de viviendas turísticas ilegales, pero ha afirmado que «un porcentaje importante de la oferta no tiene la autorización correspondiente, que no quiere decir que la pueda tener, que la pueda tramitar, pero ahora mismo no la tiene».
«Es ahí ese foco. Además, nosotros vamos, por un lado, la parte legislativa, a controlar, a acotar muy bien cuáles son las viviendas legales. Vamos a exigir la referencia catastral para poder estar autorizadas. A partir de ahí, con estas herramientas de inteligencia artificial, detectaremos fácilmente cuáles son las que no contribuyen», ha expresado, al tiempo que ha añadido que la normativa europea obliga a las plataformas de comercialización a cruzar datos de su oferta de viviendas con los datos de los registros autorizados por las comunidades autónomas para detectar ilegalidades.
En cuanto a la normativa, Montes ha sostenido que serán «mucho más duros» a nivel sancionador, aunque no ha precisado el tipo de sanciones. «Todo aquello que se comercialice sin tener autorización, además con conocimiento y ahora mismo con una publicidad más que manifiesta de cuáles van a ser las consecuencias, seremos muchísimo más estrictos», ha aseverado.
Los ayuntamientos decidirán su modelo
La consellera ha insistido en la competencia de los ayuntamientos, porque cada municipio «tiene una realidad turística completamente diferente», por lo que ha rechazado «lo que hace el Gobierno de España, una regulación uniforme para todos».
«Serán los ayuntamientos los que determinen si permiten el modelo de vivienda turística, si no lo permiten o lo permiten en otras zonas, o permiten una determinada capacidad y, una vez que se alcance este número, ya cerramos el registro», ha detallado, a la vez que ha señalado que las comunidades de propietarios también podrán establecer veto según la Ley de Propiedad Horizontal.
En este sentido, ha recalcado que la Generalitat no se plantea prohibir la emisión de licencias turísticas en zonas tensionadas, puesto que ha reiterado que dependerá de los ayuntamientos. No obstante, ha puntualizado que ella no es «partidaria de una prohibición». «Yo soy partidaria de una regulación y sobre todo de una dimensión, de un estudio y de una capacidad de carga máxima», ha afirmado.
Critica la propuesta del gobierno
Por otra parte, Montes ha reiterado que no comparten la visión del Gobierno de España porque «no tiene en cuenta la diferencia de fenómeno turístico dependiendo de qué municipio», al tiempo que ha censurado que «ninguna autoridad autonómica ha sido llamada a la mesa de trabajo».
«Todas las autonomías estamos haciendo nuestros deberes en materia legal, la Comunitat Valenciana también. Además, va a ser una regulación tremendamente innovadora, integradora y fruto del consenso con todo el sector empresarial, con los consumidores, los usuarios y los municipios, que creemos que va a aportar muchísimo valor en esta estrategia de control, más que un anuncio de una prohibición radical que, desde luego, no nos lleva a nada. Seguramente, nos llevará a una mayor proliferación de la economía sumergida», ha advertido.
Proyecto tech fablab
El proyecto Tech FabLab es una iniciativa que se enmarca dentro del programa RETECH, que se encuadra en la Agenda España Digital 2026. Articula diversos proyectos regionales orientados a la transformación y especialización digital, asegurando la coordinación y la co-gobernanza para impulsar proyectos de carácter trans-regional.
Nace como una red interconectada de nodos de emprendimiento digital para detectar y promover iniciativas empresariales tecnológicas, basadas en inteligencia artificial, y otras tecnologías disruptivas. Además, proporcionará oportunidades de asesoramiento y formación en empresas, identificación y potenciación de iniciativas de origen local, de la mano de las mayores empresas de las regiones participantes, que son La Rioja, Aragón, Navarra, Cantabria, Cataluña y la Comunitat Valenciana. Cuenta con un presupuesto total de 42 millones de euros.
En la Comunitat Valenciana, tiene un presupuesto de 5,2 millones de euros y tiene como objetivo tejer una red de emprendimiento digital entre distintas regiones españolas. El proyecto pretende crear una red interconectada virtual de colaboración y comunicación entre empresas que les permita desarrollar procesos de transformación digital, adaptarse a la Industria 4.0 y al modelo de fábrica inteligente mediante la aplicación de la inteligencia artificial y de las tecnologías habilitadoras.
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