La exconsejera socialista de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, cuya condena a seis años y dos días de prisión por malversación en el «procedimiento específico» de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos autonómicos ha anulado el Tribunal Constitucional, ordenando a la Audiencia de Sevilla que emita una nueva sentencia respecto a ella, ha manifestado que el Constitucional no le ha «indultado ni amnistiado», sino que le ha «dado la razón» en el sentido de que han sido vulnerados sus derechos fundamentales.
Carmen Martínez Aguayo, recordémoslo, gozaba del tercer grado penitenciario y desde mediados de junio había dejado la prisión para estar asignada al centro de inserción social de Sevilla, toda vez que el Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente su recurso de amparo, anulando con relación a ella tanto la sentencia inicial condenatoria de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, como la posterior sentencia del Tribunal Supremo que desestimó su recurso de casación contra la citada condena a seis años y dos días de prisión por malversación, así como a 15 años y dos días de inhabilitación absoluta por prevaricación.
Frente a la tesis condenatoria de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, el Pleno del Constitucional, por siete votos a favor y cuatro votos en contra, los de los magistrados del ala conservadora, ha determinado que dicha instancia de la Audiencia condenó a Martínez Aguayo por malversación sin precisar los hechos específicos que se le atribuyen y que se le aplicó indebidamente el delito de prevaricación porque la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no puede ser constitutiva de este delito.
El Constitucional constata que Martínez Aguayo, «quien solo intervenía en la fase de presupuestación y no tenía participación personal en la gestión de las ayudas realizada por la Consejería de Empleo», fue condenada por malversación «sin que los órganos judiciales hayan argumentado que los hechos imputados fueran cometidos por la recurrente».
Los magistrados, además, han recalcado que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no puede ser constitutiva del delito de prevaricación; y que el sistema de presupuestación utilizado fue aprobado por el Parlamento de Andalucía, por lo que no puede exigírsele a los condenados que actuaran en contra de lo previsto en las sucesivas leyes de presupuestos y en las memorias que las acompañaban; con lo que han anulado su condena, declarando que han sido vulnerados sus derechos fundamentales a la legalidad penal y a la presunción de inocencia y ordenando a la Audiencia que emita una nueva sentencia que se ciña a las citadas consideraciones.
El "alivio" del constitucional
En este marco, la exconsejera ha manifiesta en el citado vídeo difundido por el PSOE andaluz que llevaba «muchos años» esperando una decisión judicial como la que ha emitido el Tribunal Constitucional al estimar parcialmente su recurso de amparo y, por eso, ha sentido «alivio» con la anulación de su condena.
Tras todo este largo periplo judicial con la investigación por parte del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla y las sentencias de la Sección Primera de la Audiencia, del Supremo y del Constitucional, la exconsejera ha asegurado que «siempre» ha confiado en la Justicia y ha defendido que también siempre ha mostrado el «máximo respeto» hacia la misma.
Precisamente por eso, y en clara alusión a los miembros del PP críticos con el pronunciamiento del Constitucional, Martínez Aguayo ha avisado de que el PP, como parte acusadora en este proceso judicial, debe tener «el mismo respeto» al Tribunal Constitucional que a las instancias que anteriormente habían «dado la razón» a las tesis acusatorias de los populares y además de la Fiscalía.
Al punto, ha esgrimido que ella ha «callado» ante las decisiones del juzgado, la Audiencia y el Supremo desfavorables a sus intereses y «ahora» que el Constitucional «no le da la razón» al PP, corresponde que dicho partido «calle» de su lado.
La postura del pp
Tras considerar el PP que el Tribunal Constitucional está «copado» por exministros y altos cargos socialistas y se dedica a «hacer revisionismo de las sentencias del Tribunal Supremo», buscando «borrar» la «corrupción» en el caso ERE; Martínez Aguayo ha considerado que es «increíble» que el PP «cuestione» al Constitucional, porque «como parte acusatoria, tiene que ser respetuoso con la Justicia tanto si se le da la razón como si no».
Y es que según ha destacado, a ella el Tribunal Constitucional no le ha «indultado ni amnistiado», sino que le ha «dado la razón» en el sentido de que han sido vulnerados sus derechos fundamentales a la legalidad penal y a la presunción de inocencia, extremo declarado expresamente en el fallo de la sentencia del TC.
La exconsejera Martínez Aguayo ha manifestado además que a su entender, los exdirigentes socialistas de la era sometida a juicio por el citado procedimiento específico de financiación de los ERE han sido sometidos, por parte del PP, a «una estrategia brutal de generar una gran mentira a sabiendas, con esa falta de moralidad, para destrozar al adversario político, considerándolo como un enemigo».
La partida 31l en el parlamento
Y es que los miembros del PP que «firmaron la denuncia» del partido a cuenta del asunto «sabían» según sus palabras «que lo que firmaban no era verdad», pues el PP como partido «conocía» la existencia de la partida presupuestaria 31L, que aglutinaba los fondos para las prejubilaciones de los ERE y las ayudas sin publicidad a empresas en crisis; «habían enmendado» la propia partida en el trámite parlamentario y la habían «apoyado» en el Parlamento. «Los créditos (presupuestarios) no delinquen, son cosas neutras», ha dicho la exconsejera de Hacienda.
Tal extremo le ha llevado a mostrar su convicción de que «el PP está totalmente echado en la ultraderecha de Vox» porque en los últimos tiempos ha «evolucionado» hacia el «odio» al PSOE y a sus miembros.
En paralelo, ha alertado de que los populares «mienten» al atribuir insistentemente a los antiguos dirigentes socialistas de la Administración andaluza un «robo» en este caso, esgrimiendo que ni la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la causa, ni la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla como órgano emisor de la sentencia inicial condenatoria ni el Supremo al desestimar sus recurso de casación, ni tampoco el Constitucional, les han achacado ninguna acción de «robar» dinero público. «Nunca hemos cogido un euro. Somos servidores públicos honrados», ha asegurado.
Es más, ha recordado que la Junta de Andalucía «sigue pagando euro por euro» las prestaciones de cerca de «6.500 personas» prejubiladas mediante los ERE financiados por la Administración andaluza mediante el mecanismo enjuiciado, pesando eso sí la detección de 126 personas que no tenían derecho a obtener ayudas, los conocidos como «intrusos» al no pertenecer a las plantillas de las empresas promotoras de los despidos colectivos en cuestión.
Finalmente, la exconsejera expone en este vídeo que su familia ha «sufrido mucho y lo ha pasado muy mal» por todo lo que ella ha afrontado en todos estos años, especialmente el año y medio que ha pasado en prisión, si bien ha defendido que salió de la cárcel «tan inocente» como entró en ella y «con la cabeza tan alta» como antes.
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