UGT denuncia ante la Inspección el incumplimiento de la jornada en almacenes de ajos y cebollas de Córdoba

A este respecto y a través de una nota, el secretario provincial de la mencionada federación ugetista, Pedro Téllez, ha avisado que, «si desde las patronales no se asumen las responsabilidades que resultan del incumplimiento del convenio colectivo, habrá que tomar medidas mucho más serias y resolutivas por parte de todas las administraciones implicadas, como son el Ministerio de trabajo y Seguridad Social y la Junta de Andalucía».

Téllez ha opinado que, además, las patronales implicadas «no pueden esgrimir la falta de mano de obra para la recogida cuando son ellas las que fomentan la huida de los trabajadores a otros sectores productivos, también demandantes de mano de obra y donde sí respetan los convenios firmados, como pueden ser la industria y la construcción».

Por eso, desde UGT-FICA se va a «lanzar una campaña para solicitar al Ministerio de Trabajo que publique en los boletines provinciales los nombres de las empresas sancionadas por faltas graves y muy graves en materia de infracciones sociales y laborales, con detalle de las sanciones impuestas y que estas sean excluidas de cualquier tipo de ayudas o subvenciones públicas».

El año pasado UGT denunció a un total de 19 empresas ante la Inspección de Trabajo, «al incumplir y utilizar dichas empresas todo tipo de artimañas para infringir el Convenio Colectivo del Campo de Córdoba», según ha señalado Téllez.

De hecho, según ha precisado, «no cumplen la jornada, no declaran las peonadas que se hacen, no abonan el salario al día, no abonan las horas extras y no pagan el plus de distancia, entre otras incidencias y, lamentablemente, muchas de ellas vuelven a incumplir un año más el convenio, ya que les sale más barato pagar la multa y juegan permanentemente a que alguien los vuelva a denunciar».

Téllez ha lamentado que «el hecho de denunciar ante la Inspección de Trabajo dichas infracciones no sirve de mucho cuando, año tras año, se sigue actuando de la misma manera, y por eso pedimos, no sólo un endurecimiento de las sanciones, sino que estas sean de dominio público y se conozcan qué empresas vulneran los derechos de las personas trabajadoras».