La Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM) y las asociaciones de la Oficina Vecinal de Afectados por las VUT han registrado este miércoles una denuncia ante la Comunidad contra 10.210 pisos turísticos en la capital presuntamente ilegales, para los que solicitan su suspensión.
La denuncia ha sido interpuesta en la Dirección General de Turismo dando cumplimiento así al anuncio realizado hace un mes, cuando presentaron un número muy similar, 10.134 ante la Agencia de Actividades del Ayuntamiento de Madrid, ha señalado la FRAVM en un comunicado. Las hoy registradas son las resultantes de depurar ese primer lote y descubrir algunas más.
Todos los negocios denunciados aparecen en el Registro de Empresas Turísticas de la Comunidad de Madrid pero carecen de licencia de actividad y funcionan con una declaración responsable «fraudulenta», lo que constituye una infracción muy grave, han explicado.
Con esta acción, la iniciativa ciudadana trata de «colaborar con la Administración autonómica para que ponga freno a un fenómeno que está provocando graves problemas de convivencia, además de contribuir al encarecimiento de la vivienda» porque «no es de recibo que, como ha admitido el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, en 2023 sólo abrieran 525 expedientes y sancionaran a 24 pisos turísticos de los 25.000 existentes en la región».
Las asociaciones vecinales de Sol y Barrio de Las Letras, La Corrala de Lavapiés, Las Cavas-La Latina, Retiro Norte, Pasillo Verde Imperial, Delicias para Tod@s, El Organillo de Chamberí y Goya Dalí, que junto a la FRAVM gestionan la oficina de afectados a través de La Corrala, han registrado este miércoles 21 documentos que recogen los datos de ubicación precisos de las 10.210 VUT supuestamente ilegales de la capital.
INFRACCIONES
En el escrito registrado esta mañana, la FRAVM especifica dos infracciones cometidas por las VUT denunciadas, además de funcionar sin licencia. Indican que «las condiciones establecidas en la declaración responsable no se corresponden con la realidad, lo que está calificado como infracción grave por el artículo 58 [del Decreto 79/2014, de 10 de julio, por el que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid y actualizaciones».
Además «se ha aportado información falsa en la declaración responsable, infracción muy grave según el artículo 59». Por todo ello, los colectivos vecinales entienden que «no procede el apercibimiento, ya que este está previsto para las infracciones leves».
Y «dado que el promotor de la vivienda de uso turístico denunciada ha cometido al menos una infracción grave y otra muy grave», estiman que procede «con carácter inmediato la suspensión o cierre por un plazo de cinco años, como sanción accesoria a multa entre 30.001 y 300.000 euros», recoge la denuncia.
Tras esta suspensión, una vez que la Dirección General de Turismo compruebe la imposibilidad de obtener licencia urbanística para la actividad y, por tanto cumplir el citado decreto y la Ley de Turismo, se deberá proceder «a la anulación de la inscripción en el Registro de Empresas Turísticas y la clausura definitiva del establecimiento», ha instado la FRAVM en su escrito.
De esta manera, las asociaciones vecinales reclaman a la máxima autoridad administrativa de la región que compruebe si los pisos denunciados están o no cumpliendo la legalidad y, de no hacerlo, que inicie los correspondientes expedientes de infracción e imponga a sus propietarios, promotores y/o comercializadores «las sanciones correspondientes, calificadas como muy graves, y con la graduación que corresponda a las situaciones atenuantes o agravantes que sean de aplicación».
TRES MESES
Al igual que con las denuncias presentadas ante el Ayuntamiento de Madrid, si tres meses después de presentarlas la Comunidad de Madrid no ha iniciado los trámites para restablecer la legalidad, la FRAVM y las asociaciones de la Oficina Vecinal de Afectados por las VUT amenazan con «presentar un contencioso administrativo en los tribunales por inacción».
Mientras tanto, la FRAVM, a través de la Oficina de Afectados, continuará «asesorando y animando a las comunidades de propietarios y a los vecinos y vecinas residentes a protegerse de la invasión de los pisos turísticos».
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