La ha avanzado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Dicha ley, que aún es un anteproyecto tendrá que ser ratificada por la Asamblea de Madrid, busca «una actualización, racionalización y simplificación de la normativa de la Comunidad de Madrid en los ámbitos medioambiental, territorial y urbanístico».
Así, según han detallado desde el Gobierno madrileño, en materia urbanística, la Comunidad «facilitará el desarrollo de grandes proyectos y se acelerará la edificabilidad, ya que se podrá solicitar la licencia desde el momento de la reparcelación, lo que supone un adelanto de cerca de un año en los plazos». Busca también «la regeneración urbana y clarifica la normativa de forma que no se paralicen proyectos como el de Madrid Nuevo Norte, en la capital».
El objetivo es agilizar «los trámites urbanísticos municipales tras la aprobación de las 'Leyes Ómnibus' y de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida». Novillo ha explicado que con esta norma se permitirá a los ayuntamientos ir avanzando en el «planeamiento mientras se sigue tramitando la nueva reforma integral de la Ley del Suelo, actualmente en preparación».
MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS
De cara a agricultores y ganaderos, se reducirán las autorizaciones urbanísticas y modernizarán los regadíos, «que supondrá un ahorro de agua y la mejora de la rentabilidad de las explotaciones agrarias». Asimismo, se permitirá que haya «más usos y actividades en el suelo rural, así como la comercialización de los productos agroalimentarios en la propia instalación para una mayor competitividad».
El consejero madrileño ha incidido en que el nuevo texto establece que el Ejecutivo regional pueda desarrollar Planes de Protección del Paisaje y «compatibilizar esa protección del medio rural con los usos tradicionales, con el fin de revitalizarlo y contribuir a su desarrollo económico, evitando la despoblación».
INSTALACIÓN DE CENTROS DE DATOS
Además, con la nueva reforma legislativa se fomenta la instalación de Centros de Procesamiento de Datos en Suelo Urbanizable No Sectorizado (el que no se encuentra delimitado en parcelas, sectores o áreas, por lo que su transformación está contemplada a largo plazo), mediante la fórmula de Proyecto de Actuación Especial, que agiliza los plazos de tramitación.
En este sentido, Novillo ha desgranado que consideran que «es esencial adaptar los instrumentos urbanísticos a las nuevas necesidades de esta industria estratégica, que necesita una disposición de las redes eléctricas bien dimensionadas para atender al consumo actual y futuro». De este modo, «se propone la eliminación de los Planes Especiales de Infraestructuras para la distribución o transporte de energía y telecomunicaciones, lo que supone dos años de ahorro en el despliegue».
Además, se consolida la declaración responsable urbanística, «ampliando el espectro en las que será de aplicación, para incluir aquellas instalaciones de energías renovables que tengan como fin último el autoconsumo y el establecimiento de puntos de recarga de vehículos eléctricos». Hasta ahora se tramitaban mediante licencia de obra, cargando a las administraciones municipales y a los usuarios con mayor burocracia y tiempos de ejecución.
GESTIÓN DEL CICLO DEL AGUA
En lo relativo al uso del agua, la nueva ley agiliza el procedimiento de aprobación de proyectos de obras de infraestructuras hídricas, «con el fin de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos relacionados con la gestión del ciclo del agua».
Así, se habilita un procedimiento exprés para las obras de Canal de Isabel II, que se declaran de interés público. Además, se elimina el Plan Especial de Infraestructuras para las obras hidráulicas. Estas medidas permitirán agilizar las obras incluidas en el Plan Sanea afectando a 59 municipios.
Por último, la entrada en vigor de la ley estatal de protección de los derechos y el bienestar de los animales supone la necesidad de adaptar la normativa autonómica en esta materia. Así, la autonómica «evitará contradicciones y contribuirá a lograr una mayor seguridad jurídica y una mayor coherencia en el conjunto del ordenamiento jurídico español sobre esta materia».
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