El Gobierno valenciano pide al Ejecutivo central los recursos y la financiación necesarios para acoger a los menores inmigrantes no acompañados pactados en el acuerdo de reparto de 2022, un total de 23 en el caso de la Comunitat Valenciana, así como negociar las condiciones de esa acogida. El Consell ha señalado que no aceptará el hacinamiento de los centros en los que ya residen menores y que se afecte a su dignidad.
Así lo ha indicado este miércoles la vicepresidenta segunda del gobierno autonómico y titular de Servicios Sociales, Susana Camarero, en la rueda de prensa ofrecida para hablar de esta cuestión y de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de esta jornada. Ha dicho que esa es una reunión que «debería haber tenido una contexto distinto al que tiene», sin «filtraciones permanentes» durante «las últimas semanas» por parte de «los ministros del Gobierno» para garantizar el «debate serio, sosegado», con «rigor» y «alejado del foco mediático» que «necesitan» los temas que aborda.
Camarero ha criticado que «no se pretende buscar una solución a un problema que no es nuevo sino que se busca lo contrario», a la vez que ha subrayado que la migratoria es una política y una competencia «exclusiva» del Estado y que con ella no se debería buscar «sacar rédito político» ni «crear tensiones» con las comunidades autónomas. Ha lamentado que a estas se les haya trasladado una «responsabilidad» que no es suya.
«El Gobierno ha politizado demasiado y de forma interesada esta conferencia a través de filtraciones e, incluso, amenazas a las comunidades autónomas gobernadas por el PP. No ha dejado meter cizaña, de enredar y de intentar hacer una cuestión política sesgada y manipulada de un drama humanitario», ha planteado. Asimismo, ha afirmado que para las comunidades autónomas este asunto «no es política» sino «gestión».
La consellera ha reiterado que en la reunión prevista para esta jornada el reparto de menores inmigrantes no acompañados «no está en el orden del día», que «no tiene nada que ver con lo que está planteando el Gobierno». «No habla del reparto de menores que no caben en Canarias y de su situación extrema. Habla de una reforma de la Ley de Extranjería, de ratificar el acuerdo de 2022 y de un grupo de trabajo que ya existe», ha expuesto respecto al programa previsto.
La responsable autonómica, que ha acusado al Ejecutivo central de tratar a los menores como «mercancía», ha manifestado que la posición de la Comunitat Valenciana es «no poner en riesgo» ni sus recursos «ni a los menores que ya están en ellos». «La dignidad de los menores que ya están en nuestros centros es igual para nosotros que la de los que se encuentran en Canarias. Lo que me importa es que los menores que están en la Comunitat tengan la dignidad y el cuidado que merecen», ha aseverado.
Susana Camarero ha reiterado que los centros de acogida de este territorio están en situación de «saturación», con «un nivel de ocupación del 170 por ciento que supera la barrera del 150% que el Gobierno considera como nivel máximo que pueden tener las comunidades». Ha reiterado que la Comunitat cuenta con 317 plazas para menores y que alberga a 481, una cifra que según ha resaltado puede «aumentar».
Preguntada por si esta autonomía recibirá y asistirá a los 23 menores que le corresponden por el acuerdo de 2022, la consellera ha respondido que la Generalitat no pone «en duda que tenga validez» y ha precisado que lo que esta administración pretende es «negociar con el Gobierno las condiciones». Así, ha instado a «revisar las condiciones de 2022», que «no fueron negociadas adecuadamente».
«La Comunitat no puede acoger un menor que ponga en peligro --a los ya acogidos--. No voy a hacinar los centros que tengo porque tengan otras comunidades ese problema», ha matizado. Camarero ha concretado que a esta autonomía le cuesta de media 200 euros al día atender a uno de esos acogidos y ha dicho que la administración central calcula que el coste es de 170 euros, por lo que ha hablado de financiación «insuficiente» y «déficit» en la aportación del Estado. "Pedimos que pague el coste real por cuidar a los menores que manda, ha remarcado.
«La solidaridad tiene que ir compensada con la responsabilidad, la seriedad y el rigor que requiere este tema», ha apuntado, al tiempo que ha resaltado que «los menores necesitan infraestructuras y también personal» y «profesionales que los atiendan», así como «acompañamiento permanente». «Necesitan unos recursos de personal de los que en este momento carecemos», ha agregado.
Igualmente, ha considerado que «la dignidad de los menores está por encima de la política, el marco que busca el Gobierno para tapar su incapacidad» para gestionar «la política migratoria», ha añadido.
"falta de respeto"
La vicepresidenta ha calificado de «falta de respecto» que las autonomías «hayan conocido por los medios de comunicación la fecha de la conferencia, el lugar, la agenda y el orden del día», así como que se les haya «amenazado y tildado de insolidarias, especialmente a las gobernadas por el PP», y a diferencia de los territorios dirigidos por «los socios» del Ejecutivo central, «Cataluña y País Vasco».
Susana Camarero ha expresado la «solidaridad» de la Generalitat a Canarias, «una comunidad que está absolutamente desbordada por la crisis migratoria», y a Ceuta y Melilla por esa misma circunstancia, al tiempo que ha asegurado que la Comunitat ha sido «solidaria» en la recepción y atención de menores inmigrantes no acompañados «desde hace años». «Acogemos muchos menores no acompañados: los que llegan en pateras, los que llegan en cupos de mayores y los que llegan desde otras autonomías», ha expuesto.
«No vamos a tolerar que la Comunitat Valenciana sea tildada de insolidaria porque lleva acogiendo, cuidando, tratando a estos menores desde hace muchísimo tiempo y no deja de hacerlo en ningún momento», ha apostillado.
La vicepresidenta ha destacado, en alusión a la reunión de este miércoles, que el Gobierno debe dar a conocer la «hoja de ruta» que tiene en política migratoria, tras lo que ha asegurado que esta «no es la hora de respuesta de las comunidades autónomas sino la hora en la que el Gobierno responda a la situación de crisis migratoria existente».
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