Los juzgados y tribunales madrileños se encuentran más desbordados que nunca al superar en 2023 por primera vez el ingreso de más de medio millón de asuntos (1.023.755), cifra «tremendamente elevada» que representa un aumento del 4% respecto a 2022 y que no viene acompañada de un incremento en el número de jueces.
Así se desprende de la Memoria Anual del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) correspondiente a 2023, cuyos datos han sido desgranados esta mañana por el presidente del Tribunal Superior de Madrid, Celso Rodríguez Padrón.
Según las cifras, la capacidad de resolución de los tribunales se mantuvo apenas sin variaciones durante el pasado ejercicio: los 971.115 asuntos resueltos supusieron una reducción interanual del 2,1%. El ingreso de asuntos se aproxima a la resolución, si bien se viene acumulando una carga de trabajo por retrasos que hace que a 31 de diciembre de 2023 siguieran en trámite un total de 606.366 asuntos, un 13,2% más que un año antes.
«La sociedad sigue creyendo en la Justicia y esto fortalece esa confianza pese a las críticas que pesan sobre el sistema judicial por motivos muy variados», ha reseñado el presidente del TSJM, quien ha reiterado que el mayor problema de los tribunales de toda España es la «insuficiencia» de la planta judicial. «Necesitamos más jueces para alcanzar la media europea y esto no se improvisa», ha subrayado.
En el turno de preguntas, el magistrado ha criticado que los partidos traten de valerse de la Justicia para hacer política y ha tachado de «inasumible» que los jueces actúen por motivaciones de este tipo.
«No comparto la teoría de politización de la Justicia. No se puede utilizar la Justicia de forma espuria para la defensa de una batalla política», ha reseñado, indicando que se opone al hecho de que se pida a los jueces que «rindan cuentas al poder político» y convocarles a comisiones de investigación parlementarias para examinar si incurrió en 'lawfare'.
Efecto de las huelgas
En relación a la actividad judicial, la Memoria apunta que la sobrecarga de asuntos se deriva de la falta de crecimiento de la planta judicial y de los retrasos generados por el efecto de las huelgas de Letrados y funcionarios secundadas el pasado año, que dejaron 18.275 actuaciones judiciales suspendidas.
En cuanto a las cifras, la jurisdicción civil es la que mayor volumen asume (482.201) seguida de la penal (433.685), seguidas de la social (70.783) y en último lugar la contencioso-administrativa (37.086).
En la jurisdicción civil los asuntos de nuevo ingreso han supuesto un incremento del 3,8%, en la línea de aumento de pasados años, aunque algo inferior. Se resolvieron 448.117 asuntos, con un aumento del 3,9% y al acabar el año quedaban pendientes 402.211 frente a los 361.024 con que se inició, con un incremento interanual del 11,3%.
Estos datos suponen que la ratio media de asuntos civiles ingresados por magistrado y año ha sido de 2.481 en el caso de los jueces de primera instancia y de 1.236 en el de los jueces de primera instancia e instrucción.
Los juzgados de violencia sobre la mujer han visto aumentado el ingreso en un 3,7%, hasta los 3.745, al igual que los resueltos, que se incrementan en un 3,8%, quedando al terminar el año 2.150 asuntos, un más de los que había a su inicio, que eran 1.913.
Los juzgados de familia, veinte en total, ingresaron 19.884 asuntos, un 13,6% menos que el año anterior, y resolvieron 20.013, con un descenso del 11,5%, teniendo al finalizar el año 8.862 causas pendientes frente a las 8.744 con que se empezó, lo que supone un aumento interanual del 1,3%.
En los diecinueve juzgados de lo mercantil los asuntos de nuevo ingreso descendieron en un 43l,1%, hasta los 12.101. Los procesos resueltos disminuyeron en un 20,5%, alcanzando los 19.576 y la pendencia al acabar el año se vio disminuida en un 29,9%, quedando 16.071 asuntos frente a los 22.730 con que se inició.
Jurisdicción penal
La jurisdicción penal registró en el año 2023 un incremento del 6,3%, al ingresar 433.685 nuevos asuntos frente a los 407.904 que ingresaron en el año anterior. Asimismo, los asuntos resueltos fueron 428.450 con un aumento del 4,4% sobre la anualidad anterior, en que se resolvieron 410.523. Quedaron pendientes 113.572 asuntos, un 16,9% más que los 97.191 que había al comenzar el año.
Los juzgados especializados en violencia sobre la mujer han experimentado durante la pasada anualidad un incremento del 6,8% en los ingresos con 40.529 nuevos asuntos penales, aumentando también los asuntos resueltos en un 6,4% hasta los 40.091, y la pendencia final en un 19,3%, de forma que el año acabó con 6.745 asuntos frente a los 5.665 con que comenzó.
Los juzgados de menores, siete en total, terminaron el año con 1.209 asuntos en trámite, tras haberlo iniciado con 1.532, lo que supone un descenso en la pendencia del 21,1%. Los asuntos de nueva entrada fueron 1.925 y los resueltos 2.357 con una minoración interanual del 19,5% y del 5,2%, respectivamente.
Pocos jueces
Al igual que otros años, Celso Rodríguez se ha quejado de la negativa del Ministerio de Justicia a atender las peticiones de jueces lanzadas desde la Comunidad de Madrid. Recuerda que la Sala de Gobierno había propuesto la necesidad de creación para el ejercicio 2024, de 127 plazas judiciales.
Pese a ello, el Ministerio de Justicia concedió a Madrid solo 8 de las 70 unidades judiciales creadas para el conjunto del Estado. «La cifra era ya de por sí escasa y acorde con el crecimiento de asuntos, por lo que mi respuesta es un lamento y un rechazo», ha dicho.
Por otro lado, el magistrado considera que no es lógico confiar la mejora de la situación de la Justicia en España a soluciones tecnológicas, ya que hay que paliar primero el problema del envejecimiento de la carrera judicial y la generación de vacantes.
Asimismo, ha destacado que las iniciativas legislativas que trataban de apuntar a un nuevo modelo de Administración de Justicia y que se encontraban en trámite parlamentario en el año 2023 se vieron truncadas por la disolución anticipada de las Cortes Generales en el mes de mayo con motivo de la decisión de convocar las elecciones generales celebradas el 23 de julio del año pasado.
Entre ellas, el proyecto más esperado se encontraba el Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa, que contemplaba la evolución hacia los Tribunales de Instancia como unidad nuclear sustituyendo la estructura actual de los Juzgados unipersonales.
Recientemente se ha anunciado por el Ministerio de Justicia la intención de retomar el impulso del proyecto, con lo que se iniciaría de nuevo «un camino más o menos incierto, pero, sin la menor duda, largo».
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