Tras la obtención de esta autorización ambiental, la Delegación Territorial de la Consejería de Industria, Energía y Minas en Sevilla debe lanzar dos propuestas referidas a la resolución de autorización del proyecto de explotación y al plan de restauración, para las que se abrirá un trámite de audiencia pública de 15 días. Una vez finalizado este plazo, será el turno de la Dirección General de Minas del Ejecutivo andaluz, encargado de emitir la resolución de autorización final.
Así lo han anunciado en un encuentro con los medios de comunicación el consejero Sostenibilidad, Ramón Fernández-Pacheco, y el titular andaluz de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, quienes han detallado que las previsiones sitúan el final del este proceso administrativo y el comienzo de los trabajos de preparación en el último trimestre de este mismo año.
La reapertura de la corta minera a manos de Minera Los Frailes --sociedad instrumental de la alianza empresarial conformada entre Grupo México y Minorbis-- viene ensombrecida por el cierre de la mina a cielo abierto de Aznalcóllar tras la gran catástrofe medioambiental de 1998 por la fractura de su balsa de residuos de metales pesados cuando estaba explotada por la entidad Boliden-Andaluza de Piritas SA (Apirsa).
El proyecto cuenta con una inversión prevista de 450 millones de euros y la previsión de crear unos 2.000 empleos directos e indirectos, para la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros metálicos (cobre, zinc y plomo) durante al menos 17 años traslos tres primeros años de reacondicionamiento de la corta.
A principios de esta misma semana, el alcalde del municipio aznalcollero, Juan José Fernández (IU), pedía a las autoridades correspondientes --especialmente el Ejecutivo autonómico-- «no demorar más» los permisos necesarios para la reapertura de la corta minera de Los Frailes. Así exigía las autorizaciones necesarias para la reactivación del recinto minero como «corazón» de la socioeconomía de la localidad y su comarca, actualmente marcada por el desempleo y «un 45 por ciento de paro juvenil».
El regidor defiende que se trata de un proyecto «de minería del siglo XXI» y «de plena compatibilidad» con el medio ambiente, «limpia y respetuosa con todas las normativas europeas, nacionales y autonómicas».
Los colectivos ecologistas, de su lado, alertan que la autorización ambiental aprobada por la Junta de Andalucía permite "un vertido tóxico global de 85.520 millones de litros en una Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000 del Bajo Guadalquivir, que contaminará todo el río desde Sevilla hasta la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), afectando igualmente al Parque Nacional de Doñana.
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