De esta forma, Barrera, Aguirre y Elisa Núñez --cuyos ceses ya son oficiales al haber sido publicados en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV)-- dejan el Consell y, se da la circunstancia de que, con esta decisión, los tres se quedan también sin poder ejercer representación política en la cámara valenciana porque los consellers no son diputados autonómicos en Les Corts.
Por tanto, el único cargo institucional que mantendría la formación de Abascal en la Comunitat Valenciana sería la Presidencia del parlamento, que ejerce Llanos Massó, segunda autoridad en la autonomía, y que tiene acta de diputada.
El ya exvicepresidente Barrera, al lado de Abascal mientras realizaba el pronunciamiento público, había asegurado este jueves por la mañana que su cargo era «del partido» y haría lo que Vox considerara. Esta jornada precisamente se ha celebrado sesión de control al 'president' Carlos Mazón en Les Corts, con quien Barrera se ha dado un abrazo, en el que ha sido su último pleno.
También Llanos Massó garantizaba que su partido sería «leal» a sus votantes y no quería especular sobre una posible ruptura del pacto de gobierno con el PP en la Comunitat Valenciana hasta la reunión de la tarde, donde se ha acabado materializando. Con posterioridad, Massó ha reposteado el mensaje de Vox con la intervención de Abascal con el anuncio de la salida de los ejecutivos autonómicos donde gobernaban con el PP.
Un año y un mes
El PP y Vox anunciaron el 13 de junio de 2023 que habían alcanzado un preacuerdo para formar un gobierno de coalición en la Comunitat Valenciana tras las elecciones del 28 de mayo, por el que la formación de Abascal asumía la Vicepresidencia primera de la Generalitat, también con las competencias de Cultura, así como la Conselleria de Agricultura y la de Justicia, Interior y Gobernación.
Entre críticas de la oposición por la rapidez en la que se había llegado al acuerdo, en el momento del pacto --en el que el PP puso como línea roja que no estuviera incluido el que fue candidato a la Presidencia de la Generalitat por Vox, Carlos Flores, condenado por violencia psicológica a su exmujer y que encabezó finalmente la lista al Congreso por Valencia-- ambas formaciones se comprometían a dotar a la Comunitat Valenciana de un gobierno «estable y fuerte», que ha durado poco más de un año.
El pacto de gobierno recogía 50 puntos y cinco líneas básicas «a fin de preservar la libertad, el desarrollo económico, la protección de la sanidad pública y los servicios sociales, la defensa de las señas de identidad propias y la protección de las familias».
El acuerdo llegó tras unas elecciones autonómicas en las que el PPCV fue la fuerza más votada con el 35,37 por ciento de los votos y 40 diputados, mientras Vox logró el 12,41% de apoyos y 13 escaños. Los dos partidos suman así la mayoría suficiente de 50 parlamentarios.
Antes de la comparecencia de Abascal, el 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, garantizaba que el Partido Popular seguirá «liderando el cambio» en la Comunitat Valenciana «sin ninguna duda» y «en cualquier caso», así como que tiene la convicción, la obligación y la ilusión de hacerlo y «nadie» le va a «desviar» de ello: «Voy a hacer todo lo posible y vamos a hacer todo lo posible por seguir gobernando para todos».
Cinco leyes
En este tiempo de gobierno de coalición, PP y Vox han podido sacar adelante cinco leyes que planteaban como objetivo del primer año de legislatura: las de Concordia y Transparencia e Incompatibilidades, que han llegado tras la aprobación de las de Libertad educativa, À Punt y Antifraude.
Precisamente este jueves el pleno de Les Corts ha aprobado definitivamente la Ley de Concordia, que sustituye a la de Memoria Democrática, con el rechazo de la oposición: los diputados del PSPV han levantado carteles con el lema 'Veritat, justícia i reparació' y los de Compromís han alzado libros relacionados con la memoria democrática.
En este año, los principales desencuentros entre ambas formaciones han girado en torno a cuestiones como la violencia machista; el reconocimiento de la autoridad lingüística de la Acadèmia Valenciana de la Llengua; el apoyo al colectivo LGTBI o, en este último caso, el visto bueno del PP al reparto de menores migrantes no acompañados por las autonomías para aliviar la carga de Canarias, planteado por el Gobierno central.
De hecho, la última polémica tuvo lugar la pasada semana cuando la Generalitat Valenciana, a través de la portavoz del Consell y de la Conselleria de Igualdad, que dirigen el PP, anunció que volvía a cambiar el nombre de un curso impartido por el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe) a policías locales y se llamará «violencia contra la mujer» y no «violencia intrafamiliar», que era el que había puesto el departamento de Justicia, dirigido por Elisa Núñez.
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