La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, se ha mostrado «satisfecha» de la mejora en el servicio de residencias de mayores de la región, con un incremento de las inspecciones hasta las 5.800, si bien ha subrayado la implantación de nuevas medidas para continuar avanzando en la «calidad» de esta prestación.
En un encuentro con periodistas para hacer balance del primer año de legislatura, Ana Dávila ha subrayado el trabajo «muy profesional y exhaustivo» de los inspectores de la Dirección General de Calidad a la hora de detectar situaciones a corregir y ha subrayado que en Madrid se están haciendo «dos inspecciones por centro al año» pese a que la ley obliga sólo a una anual.
A esto se suman las visitas técnicas que, como explica la consejera, «no son inspecciones pero que sí que sirven de seguimiento y de corrección también de las posibles circunstancias que se aprecien y que sea necesario mejorar».
Esta «intensificación» de las inspecciones, ha incidido Dávila, ha permitido al Gobierno regional tener «un mayor control de las situaciones» en las residencias, sancionando «cuando hay una deficiencia», pero con «la seguridad de que se hace un buen trabajo y de que ese control también asegura que los centros, las residencias, los centros de día, los centros ocupacionales, los centros de personas con discapacidad son centros seguros» para sus usuarios.
Junto a estas inspecciones, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales pondrá en marcha nuevas auditorías para seguir el proceso de los servicios de alimentación «desde la llegada de los alimentos hasta su puesta en el plato», a fin de poder también «incorporar mejoras».
En este sentido, Ana Dávila ha recordado que a lo largo de este primer año de legislatura la Comunidad de Madrid ha incorporado una «inversión importante» en los servicios de alimentación con un incremento presupuestario superior al 30%.
La consejera se ha referido a los «retos» de legislatura que afrontó junto a su equipo hace un año y que pasaban por «la escucha, la gestión, la calidad y la transparencia». Así, se ha referido a las más de 3.000 reuniones y visitas con ayuntamientos o entidades en este año, «doce al día», la «inmensa colaboración» de todos los miembros del Consejo de Gobierno, la mencionada «mejora de la calidad de los servicios» o las «más de 2.000» iniciativas parlamentarias o peticiones de información atendidas, una media de «ocho al día».
En concreto, Ana Dávila ha presumido de que en este primer año de legislatura se han puesto en marcha «el cien por cien de las medidas» incluidas en su programa electoral, con el 50% de ellas «ya cumplidas».
La estrategia de natalidad "está funcionando" en madrid
Al margen de esto, la consejera de Familia ha presumido de los «resultados» que están logrando las medidas de apoyo a la natalidad, las cuales «están funcionando en Madrid».
Dávila ha recordado que, de acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del mes de abril, Madrid presenta un crecimiento del 4,5% frente al 1,2% del conjunto de España.
Esto supone, a su juicio, que las medidas de la estrategia de natalidad en la que está «todo el Gobierno involucrado» está «teniendo sus resultados».
Por ello, ha subrayado que la Comunidad de Madrid seguirá «trabajando en esa estrategia» para fomentar la natalidad que cuenta con una inversión de 4.800 millones de euros, de los cuales 114 millones se dedican a ayudas directas a la natalidad para las madres desde la semana 21 de embarazo y hasta que el bebé cumple dos años, con un total de «14.500 euros por cada hijo» y que han beneficiado a 17.000 mujeres.
Récord en dependencia
Por último, en materia de dependencia la consejera ha presumido del «récord» de beneficiarios en la Comunidad de Madrid, un total de 183.000, lo que supone «un 37% más que hace tres años».
Asimismo, ha recordado que en 2024 se ha destinado «la mayor inversión de la historia» de la región a esta cuestión, con 1.700 millones de euros, 63.000 plazas públicas, más de 35.000 específicas para mayores, 21.700 para personas con discapacidad o enfermedad mental grave y duradera y 6.300 de atención temprana. A esto se suma los 76.000 usuarios del servicio de teleasistencia --que el Gobierno regional espera que aumente hasta los 100.000-- o las 53.000 del servicio de ayuda a domicilio.
Sin embargo, la consejera ha aprovechado para volver a reclamar al Ejecutivo central que «cumpla con su obligación» de aportar el 50% de la financiación de este servicio, después de que en 2023 «sólo aportara el 30%».
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