A los detenidos se les imputan los presuntos delitos de riesgo de estragos, estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal, según ha informado este viernes la Guardia Civil en una nota.
Las investigaciones comenzaron cuando los agentes detectaron la comercialización de gases refrigerantes en varias páginas web y aplicación de venta, donde, bajo la denominación de gases «ecológicos», se anunciaban como sustituto de gases fluorados para refrigeración y climatización.
Estos gases denominados «ecológicos» se obtienen de los hidrocarburos derivados del petróleo que, a diferencia de los gases fluorados, no afectan a la capa de ozono ni contribuyen al calentamiento de la atmósfera, según han precisado desde el instituto armado, desde donde han aclarado que la peligrosidad de esos gases radica en que son «extremadamente inflamables», motivo por el que está prohibido para uso en climatización y refrigeración.
De esta manera, desde la Benemérita advierten de que la sustitución de gases fluorados por gases provenientes de hidrocarburos es una práctica «altamente peligrosa», además de estar prohibida para equipos de refrigeración y climatización, por la «extrema inflamabilidad» de estos gases.
Las falsas propiedades que los anuncios atribuían a estos gases no eran correctas, ya que los ofrecían como sustitutos de gases fluorados e invitaban a los compradores a emplearlos ellos mismos, algo «totalmente prohibido» por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, aclara también la Guardia Civil.
Coches y aires acondicionados incendiados
Al hilo de este caso, desde la Benemérita han puesto de relieve que en los últimos meses se ha detectado un aumento de incendios en automóviles y aires acondicionados por el uso prohibido de este tipo de gases debido a su «extrema inflamabilidad».
El reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas establece que las condiciones de seguridad de estos gases son diferentes, y que el manejo de estos compuestos exige la autorización pertinente.
Además, en la inspección realizada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, se han detectados «errores graves» en las fichas de seguridad y unas «incorrectas medidas de seguridad en el almacenamiento dada la peligrosidad estos productos».
Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Valencia.
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