La Comunidad de Madrid concedió en 2023 a 85.884 personas asistencia jurídica gratuita, lo que representa un aumento del 4,4% con respecto al año anterior.
Así lo ha señalado hoy el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, durante su participación en el Foro Justicia organizado por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.
Ha estado acompañado por el presidente de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y por el decano del ICAM, Eugenio Ribón. García Martín ha destacado «el empeño del Ejecutivo autonómico para que todos los madrileños puedan acceder a este servicio público para sufragar el coste de este servicio tan necesario para las personas más vulnerables».
«En nuestra región tenemos establecidos unos baremos muy por encima de los aprobados por el Ministerio de Justicia», ha recordado. El Gobierno regional ha incrementado la dotación presupuestaria en 2024 para garantizar este derecho constitucional un 9,2% con respecto a 2023 hasta alcanzar los 56,3 millones de euros.
Incluye la subida de todos los módulos de abogados de forma lineal un 4% y la creación de cuatro nuevos baremos por actuaciones profesionales no contempladas en el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita -recurso de apelación contra auto de prisión, escrito de reconvención, orden de alejamiento y doble condición acusación/defensa-.
Los expedientes registrados más numerosos estaban relacionados con el orden Penal (60,15%), seguido de Civil (24,23%), Contencioso Administrativo (8,51%) y Social (7,10%). La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita recibió a través del servicio público 012 un total de 8.428 llamadas y 152 consultas de manera presencial en las diferentes oficinas de Atención al Ciudadano.
La Comunidad de Madrid continúa con la mejora en la gestión de este servicio público. En concreto, a lo largo del año pasado se ha seguido con la implantación del expediente electrónico para reducir a cero la existencia de documentos en soporte papel.
También se ha avanzado en las comunicaciones telemáticas - notificaciones postales, Buzón LexNet, etc.- y digitalización de documentos. En el ámbito de las infraestructuras, el Ejecutivo autonómico actuará sobre el 90% de los órganos judiciales a lo largo de la presente legislatura. Supondrá una inversión superior a 830 millones de euros en los próximos años.
La construcción de la nueva Ciudad de la Justicia de Madrid representa el mayor proyecto, con un presupuesto estimado de 683 millones de euros y la unificación de 26 sedes judiciales en una sola parcela ubicada en Valdebebas. El complejo contará con espacio para el Colegio de la Abogacía de Madrid.
Deterioro institucional
El consejero ha destacado que «todas estas medidas que está realizando la Comunidad de Madrid contrastan con la relación del Gobierno central con la Justicia», lamentando que se asista «al periodo de mayor deterioro institucional de la historia democrática por culpa de Pedro Sánchez que está intentando colonizar cada una de las instituciones» y cuyo gran objetivo ha sido el Poder Judicial «con la intención de maniatarlo, controlarlo y ponerlo a su servicio».
El portavoz del Ejecutivo autonómico ha reiterado que «frente a este descarado ataque contra nuestro Estado de Derecho, quiero hoy poner en valor a los jueces y magistrados de nuestro país». «Ellos se han convertido en el último bastión de salvaguardia de la legalidad constitucional», ha asegurado.
«Pero la actuación que marcará vergonzosamente para siempre a este Gobierno en la historia de nuestro país es la compra de siete votos a cambio de la impunidad de unos delincuentes, con una Ley de Amnistía manifiestamente inconstitucional y que atenta de forma flagrante contra los principios fundacionales de la Unión Europea», ha afirmado. En este punto ha querido dar las gracias al ICAM «por su responsabilidad y valentía en la defensa de nuestro Estado de Derecho».
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