La CHG ha considerado en una nota de prensa «inadmisible» las «insinuaciones de dejación de funciones o presunta prevaricación» ante unos hechos «tan graves» como son los supuestos vertidos mineros, y se reserva la facultad de iniciar «acciones legales» sobre estas afirmaciones, que «ponen en duda la profesionalidad, el compromiso y la honestidad de las trabajadoras y trabajadores públicos de la Confederación y, en concreto, de su Comisaría de Aguas».
La CHG entiende que las manifestaciones de Ecologistas en Acción son «inexactas, tendenciosas y alarmistas». Por otro lado, ha puntualizado que los vertidos del futuro proyecto de explotación de la mina se realizarán en dominio público marítimo terrestre, por lo que su control dependerá de la Junta de Andalucía en el ámbito de sus competencias, que fue también quien declaró la actividad minera como de Interés Público Superior y es «responsable» del otorgamiento de la licencia para ejercerla y de la tramitación ambiental.
La planta de tratamiento de las aguas de esta zona minera está inactiva desde marzo de 2014, por lo que, desde esa fecha, «no se realizan vertidos al río Guadiamar» y las aguas de escorrentía producto de las precipitaciones se envían «de forma íntegra» a la corta de Aznalcóllar, sin conexión con el dominio público hidráulico y cuyo control depende de la Junta de Andalucía y de la propia empresa minera desde que se hizo cargo de la gestión de la misma.
Así lo ha explicado la CHG en su comunicado en el que ha explicado que la mina no tiene actualmente actividad industrial más allá de la que marca la concesión otorgada por la Administración autonómica de gestión de los pasivos mineros que se generaron tras la rotura de la balsa en 1995 y que, tras la limpieza del río Guadiamar, se alojaron en la corta de Aznalcóllar.
La gestión de estos pasivos ambientales es competencia de la empresa minera «con supervisión de la Junta de Andalucía», aunque desde la CHG «se realiza un seguimiento» en aplicación del principio de precaución y para que «no sea afectado, en ningún momento, el dominio público hidráulico». La Confederación ha destacado que, «en sus labores periódicas y rigurosas de vigilancia e inspección», la CHG «no ha detectado ningún vertido al río Guadiamar procedente de la zona minera de Aznalcóllar».
De esta forma, la CHG ha subrayado que «son totalmente inexactas las declaraciones del portavoz de Ecologistas en Acción, Isidoro Albarreal, sobre la existencia de vertidos al dominio público hidráulico sin control y con el conocimiento de este organismo de cuenca, puesto que no se realiza ningún tipo de vertidos desde que en marzo de 2014 deja de funcionar la depuradora encargada del tratamiento de las aguas provenientes de la corta de Aznalcóllar».
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