El coordinador nacional jurídico y eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, ha manifestado este martes que su partido presentará una querella por presunta prevaricación contra el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y los magistrados que han votado a favor de las sentencias que estiman parcialmente los recursos de amparo de los expresidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como de otros exmandatarios autonómicos del PSOE, anulando las condenas que les impuso la Audiencia de Sevilla por el «procedimiento específico» de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares y las ayudas arbitrarias y ordenando que dicha instancia provincial emita nuevas sentencias.
Buxadé ha lamentado las dos citadas sentencias con relación a Chaves y Griñán, que siguen la senda de los pronunciamientos previos del TC con relación a los recursos de amparo de los exconsejeros Antonio Fernández, Magdalena Álvarez, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo.
En concreto, la Audiencia de Sevilla condenó en 2019 al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán a seis años y dos días de cárcel por malversación y 15 años y dos días de inhabilitación por prevaricación, mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, era condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación, penas mantenidas por el Supremo al desestimar en 2022 sus recursos de casación contra la sentencia inicial del órgano provincial, por tres votos contra dos de los magistrados de ese tribunal.
Los recursos de amparo
Ahora, el TC, por siete votos a favor y cuatro en contra de los magistrados encargados del caso, ha estimado parcialmente los recursos de amparo de los expresidentes socialistas de la Junta, anulando la sentencia inicial condenatoria de la Audiencia con relación a ellos y ordenando a dicha instancia que emita nueva sentencia incorporando los fundamentos incorporados por el tribunal a este asunto.
A grandes rasgos, el tribunal ampara a Griñán ante el delito de malversación al considerar que se vulneró su derecho a la presunción de inocencia al no precisarse en las sentencias condenatorias en qué medida participó en los hechos; mientras respecto a la prevaricación concluye que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley por el Parlamento de Andalucía no puede ser constitutiva de un delito de tal naturaleza.
Ante ello, Buxadé ha opinado que ambos expresidentes socialistas de Andalucía «crearon una trama socialista para el dictado de resoluciones, de actos, la gestión de procedimientos, la aprobación de normas con la finalidad de encubrir esa trama directiva en virtud de la cual el dinero de los trabajadores iba a otras finalidades y, por supuesto, no a la finalidad de interés social»; esgrimiendo las defensas de los acusados, de su lado, que la mayoría de los fondos canalizados por el «procedimiento específico» de financiación de los ERE fueron destinados a las prejubilaciones de los miles de trabajadores afectados por los despididos colectivos incentivados entonces por la Junta.
Acusaciones al presidente del tc
A juicio de este portavoz de Vox, como presidente del TC, Conde-Pumpido, «al servicio de Sánchez y de los intereses del PSOE», con una interpretación que Buxadé califica como «absolutamente inaceptable, se carga la doctrina del Tribunal Supremo y se pone a interpretar el Código Penal como si él fuera el máximo intérprete» del mismo. «Urge a poner límites a Conde-Pumpido porque forma parte de este golpe institucional de Sánchez», considera.
Del mismo modo, ha opinado que «a esta situación se ha llegado gracias a que el PP pactó con Sánchez entregar el Poder Judicial al PSOE» hace poco más de dos años.
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