Ha sido en la reunión de esta mañana en la que la oposición (Vox, PSOE y Más Madrid) se han mostrado a favor pero han sido tumbados por mayoría absoluta del PP, quien ya había advertido hace semanas de que julio no era un mes hábil para la celebración de plenos.
«Los motivos por los que querían convocar este pleno eran dos comparecencias que no tenían ningún carácter urgente o que no tenían ninguna razón para no posponerlos hasta la vuelta de verano», ha explicado en la rueda de prensa posterior el portvaoz del PP, Carlos Díaz-Pache, quien ha indicado que se sustanciarán cuando «arranque el curso político».
Se trataba, concretamente, de dos comparecencias del consejero de Educación, Ciencia y Universidades para informar sobre los trabajos realizados en el Instituto de Educación Secundaria y Formación Profesional Antonio Machado (Alcalá de Henares) y el Instituto de Educación Secundaria Ciudad Escolar (Madrid).
La portavoz adjunta de Más Madrid, María Pastor, ha calificado de «caso FP» al presunto fraccionamiento de 3,7 millones de euros en contratos de 40.000 euros para que no tuvieran «expediente público». Ha negado que esto sea una «acumulación de chapuzas de Viciana» sno que hay «indicios claros» de que se hayan «construido dos centros sin contrato público».
Pastor ha reprochado al PP que haya tumbado la propuesta de Pleno extraordinario y ha apuntado a tres cargos de la Consejería de Educación en la pasada Legislatura: el que fuera consejero de Educación y actualmente es presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio; quien fuera viceconsejera de Política Educativa y ahora encabeza la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert; y el actual alcalde de Móstoles y en ese momento viceconsejero de Organización Educativa, Manuel Bautista.
Más Madrid ve un «caso de corrupción» y ha asegurado que lo smadirleños no pueden estar «ni un día más» sin conocer «dónde está el dinero público». A la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, le ha criticado el «silencio atronador» alrededor de este tema.
Por su parte, el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha anunciado que están inspeccionando los nombramientos de esta Consejería y «lo que ha podido suceder». «Además de esa fiscalización política, yo creo que este asunto en el que se ve claramente una vulneración de la legislación debe ser objeto también de una fiscalización judicial», ha adelantado.
Los socialistas están trabajando en documentación que se presentará en los juzgados para que estudie lo ocurrido porque no se puede «consentir que más de un millón de euros se fracciones en contratos de 40.000». Se habría producido, «aparentemente», una «vulneración» de las leyes sobre contratación.
Por último, el portavoz adjunto de Vox José Antonio Fúster seha mostrado a favor del pleno extraordinario y ha cargado contra el Ejecutivo regional asegurando que desde la opositicón no tienen forma de mantener «un contro completo».
La comunidad lleva contratos a fiscalía
Esta misma semana, Viciana confirmaba que el que el Ejecutivo autonómico ha encargado dos nuevas auditorías para investigar posibles irregularidades en obras en centros escolares de la región, que se sumarían a las ya realizadas y trasladadas a la Fiscalía sobre los trabajos en Ciudad Escolar en la capital, que conllevaron además el cese del entonces subdirector general de FP.
Ante las informaciones publicadas por 'eldiario.es' que apuntan a un posible fraccionamiento de pagos para evitar controles en la construcción de la Escuela de Arte de Alcalá, Viciana ha subrayado este lunes en Getafe que se han encargado dos nuevas auditorías para conocer lo ocurrido, siguiendo «la pista» de la empresa que participó y que aparece reflejada en las obras de Ciudad Escolar y que «parece que podría haber tenido participación en otros centros».
El caso de ciudad escolar
El pasado mes de abril se conoció que la Comunidad de Madrid había denunciado ante la Fiscalía presuntas acciones delictivas en la contratación de obras de reforma en Ciudad Escolar, en la que podrían estar implicados varios funcionarios públicos, entre ellos el anterior subdirector general de Formación Profesional, que fue cesado en febrero.
Según pudo saber entonces Europa Press de fuentes del Gobierno regional, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades solicitó a la Fiscalía Provincial de Madrid que investigara la comisión de este presunto delito relacionado con la contratación de unas obras de reforma en el citado complejo educativo ubicado en el distrito de Fuencarral-El Pardo de la capital.
De acuerdo con aquellas fuentes, la Consejería recibió el pasado mes de septiembre un burofax en el que se solicitaba el pago de una elevada cantidad económica adeudada por obras de reforma realizadas en uno de los edificios de este complejo.
Tras comprobar que en la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería no figuraba ningún expediente de contratación de estos trabajos, se solicitó un informe de auditoría a la Intervención General y se abrió una investigación interna para esclarecer las circunstancias de esta reclamación económica.
Con los datos recabados, la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades envió el pasado 13 de marzo un informe a la Fiscalía Provincial de Madrid para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal la posible implicación de tres funcionarios en presuntos delitos relacionados con la contratación de estos trabajos. Según las mismas fuentes, entre ellos está el subdirector general de Formación Profesional, que cesó en su puesto.
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