Durante un acto un acto celebrado este lunes en la sede del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA Software, Viciana se ha referido a un documento enviado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) y recogida la pasada semana por varios medios de comunicación en la que criticaban diversos aspectos del borrador, como el establecimiento de un distrito único de prácticas, y mostraban su preocupación por una posible invasión de la autonomía universitaria.
Preguntado por esta cuestión, Emilio Viciana cree que «quizá los rectores se han precipitado al hacer esas valoraciones», ya que «todavía no existe un borrador de ley», sino que se está «trabajando intensamente para tenerlo cuanto antes».
«Tenemos que seguir todos los pasos, todos los tiempos administrativos y de la tramitación parlamentaria», ha explicado el consejero, quien ha citado primero el trámite de consulta pública que se llevará a cabo «a partir del mes de septiembre», por lo que considera que «de momento no se deberían hacer este tipo de valoraciones».
En cualquier caso, Emilio Viciana ha defendido que esta futura ley, «el gran proyecto normativo de esta Consejería en esta legislatura», va a ser «muy positiva» y «va a dar respuesta a necesidades actuales y también a necesidades futuras».
Asimismo, el consejero ha subrayado que se están manteniendo «contactos permanentes» tanto con los rectores de las universidades públicas como también con los de las privadas y también sus consejos sociales.
«La idea es ir recopilando y establecer un clima de diálogo que permita desarrollar este borrador y este eventual proyecto de ley», ha sentenciado Viciana.
Régimen sancionador para las universidades
Tal como avanzó el propio consejero en un encuentro con periodistas a comienzos de este mes, el Gobierno de la Comunidad de Madrid prevé introducir en la nueva ley un régimen sancionador, que podría incluir multas económicas, para las instituciones que no controlen escraches y acampadas que acaben impidiendo la entrada de los alumnos a clase, faltando al decoro, invadiendo espacios o acosando a un personaje público.
El titular de Educación anunció entonces que se pretende entregar un borrador de la ley a los principales sujetos participantes, entre ellos rectores de universidades públicas y privadas y consejos sociales a lo largo de este mes de julio. Posteriormente, a partir del mes de septiembre, iniciarían el trámite de la consulta pública y pretenden presentar a finales de otoño un texto definitivo, para que dé comienzo entonces su tramitación parlamentaria en la Asamblea de Madrid (donde PP tiene mayoría absoluta).
Esta ley, que el Gobierno regional contrapone a la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (conocida como LOSU), que detestan al considerar que va en «detrimento de la calidad educativa», busca cumplir con una «vocación de permanencia que responda a las necesidades actuales pero también de futuro». Agrupará así todas las enseñanzas superiores --artísticas, deportivas y FP superior--, así como la ciencia y la investigación.
La normativa incluye además, según el primer documento que hizo público la Consejería de Educación a mediados de junio, otros aspectos como son un nuevo sistema de financiación para las universidades públicas, que se haría a través de un plan plurianual revisable cada cinco años.
Estas instituciones contarían con una financiación básica y la posibilidad de recibir tanto inversiones para necesidades singulares, como una financiación adicional cuyo importe estaría en función del cumplimiento de determinados objetivos estratégicos en materia docente, investigadora o de competitividad.
Asimismo, la Comunidad quiere regular las universidades públicas y escuelas de negocio. Para el Gobierno madrileño, estas últimas se encuentran ahora mismo en una indefinición ante lo que impulsarán un marco específico que las configure con el objetivo de garantizar la calidad.
También la norma contempla la constitución de un distrito único de prácticas para facilitar y asegurar la igualdad de oportunidades entre todos los alumnos a la hora de acceder a una plaza, también en el caso de las enseñanzas superiores de la rama sanitaria.
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