El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, junto al concejal de Gestión de personas, economía y presupuestos, Kerman Orbegozo, ha explicado en rueda de prensa que la modificación de las ordenanzas fiscales para 2025 «viene condicionada, por una parte, por el incremento de los costes que ha tenido el Ayuntamiento en la prestación de determinados servicios, y por otra, por la exigencia establecida por la Unión Europea relativa al el déficit cero en el servicio de recogida de residuos».
A este respecto, Goia ha subrayado que «una directiva Europea traspuesta por una Ley estatal de obligado cumplimiento establece que a partir de 2025 el coste del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos no puede ser deficitario y pide que las personas usuarias del servicio sufraguemos el coste real del mismo».
El regidor donostiarra ha señalado que esto ha provocado que los municipios «hayamos tenido que hacer un reajuste importante en dicha tasa, además de buscar fórmulas comunes que permitan cumplir con otras exigencias de la misma directiva, algo que ya estamos trabajando en el seno de Eudel».
Kerman Orbegozo, por su parte, ha señalado que «el contexto económico protagonizado por el alza del coste de los servicios y las exigencias impuestas por la Unión Europea» han llevado al Ayuntamiento a modificar 11 de las 23 ordenanzas fiscales, con las que prevé ingresar 8,2 millones de euros más, que «nos van a permitir llegar a una situación de déficit cero en la tasa de residuos y hacer frente al incremento de los gastos corrientes del Consistorio».
Incremento
Así, el Gobierno municipal ha propuesto incrementar en un 3,9% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el índice de situación de las calles 3ª, 4ª, 5ª y 6ª del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), y el tipo impositivo que se aplica en el Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como el Impuesto de Plusvalía).
En el caso del IBI, además, la modificación de su ordenanza incluirá mejoras en la aplicación de la bonificación por familia numerosa, bonificaciones a viviendas cedidas a programas relacionados con el alquiler de vivienda vacía y la regulación de la bonificación para los bienes inmuebles en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol.
Por su parte, si bien el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) no sufrirán modificaciones en los tipos, algunos de los artículos que componen los mismos sufrirán algunos cambios en su redacción.
De este modo, en el caso del ICIO se suprimirán las exenciones de la Iglesia en el impuesto, según lo recogido en una Orden Ministerial de 2023, y se mejorará la redacción del artículo sobre las bonificaciones para las obras que incorporan sistemas de aprovechamiento de la energía proveniente del sol.
En el caso del Impuesto de Vehículos, se adecuará la ordenanza fiscal a la Norma Foral que establece un nuevo procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, y se añadirá una disposición transitoria para las valoraciones antiguas.
Tasas
En lo que a las tasas por la prestación de diferentes servicios se refiere, la propuesta realizada contempla la modificación de la Tasa por Recogida de Residuos, la Tasa por la prestación del Servicio de Agua y Saneamiento, la Tasa por el servicio de Grúa, la Tasa por el Estacionamiento de Vehículos (OTA) y la tasa por la prestación de servicios y la realización de actividades.
Al hilo de lo manifestado por el alcalde en relación a la Directiva Europea que obliga a los municipios a tener déficit cero en el servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos, el concejal de Economía ha añadido que «el déficit del servicio en la actualidad es de 5,5 millones de euros y será más alto al final del ejercicio».
«Lo que nos pide Europa es que repercutamos el coste del mismo en base a los residuos que cada persona usuaria genera, algo que desde el Ayuntamiento venimos haciendo a través del control del consumo de agua», ha precisado.
De este modo, Orbegozo ha señalado que dicha tasa se incrementará en un 26,54%, lo que provocará que el recibo medio de una vivienda en la que residen 2 personas adultas y 2 hijos se incremente en 55,80 euros anuales, esto es, 13,95 euros por persona al año.
Las tasas de agua y saneamiento sufrirán un incremento del 1% y del 2,87%, por lo que el recibo medio de ambas se incrementará en 1,01 y 3,79 euros, respectivamente. Asimismo, las pequeñas explotaciones agrarias, que actualmente tributaban como actividad económica, tendrán una tarifa variable de 0,65 euros, siempre que el tamaño de las mismas no alcance a lo que se considera una Unidad de Trabajo Agraria (UTA).
Por su parte, la Tasa por el Estacionamiento de Vehículos (OTA) se incrementará en un 7,8% para las zonas rojas y especiales, un 3,9% en el resto de zonas, así como para las distintas autorizaciones de aparcamiento, y un 10% para el aparcamiento de autocaravanas de Berio.
La tasa por la prestación del Servicio de Grua se verá modificada también en un 3,9% y se adecuará a la normativa recogida en la Ley de tráfico.
Finalmente, la tasa por la prestación de servicios y realización de actividades municipales sufrirá una modificación en el apartado referido a los pisos de emergencia. Esta tasa, contemplada en el reglamento de servicios del departamento de Acción Social, verá incrementado el importe diario que se paga por la utilización de un piso de emergencia de 7,5 a 19,91 euros para cubrir los costes del servicio, que en prácticamente la totalidad de los casos se sufraga desde el propio departamento, ya que las personas usuarias no disponen de los recursos suficientes.
Calendario de tramitación
Con la aprobación por la Junta de Gobierno Local de la propuesta arranca una tramitación que continuará con el traslado de la propuesta a los grupos municipales, que dispondrán de 10 días para presentar enmiendas y/o proposiciones normativas.
En la primera quincena de septiembre se realizará una jornada abierta a la ciudadanía para explicar el proyecto, que se debatirá en la Comisión de Hacienda del mismo mes, para posteriormente, en la sesión plenaria ordinaria de finales de septiembre, aprobarse inicialmente, y, si fuese necesario, de manera definitiva en el mes de diciembre.
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