El Ayuntamiento de Barcelona ha activado la vía judicial para desalojar las antiguas pajarerías de la Rambla después de que los paradistas no hayan devuelto las llaves, lo que permite al Consistorio pedir a un juez la «ejecución forzosa».
Lo han explicado el director de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, Manuel Mayo; el gerente de Promoción Económica, Miquel Rodríguez; y el gerente del Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB), Màxim López, en una sesión con periodistas este jueves.
El Ayuntamiento ha pedido las llaves a los propietarios de las paradas este mismo jueves a primera hora de la mañana y al no haberlas devuelto ha decidido pedir a un juez que las desalojen.
Según ha explicado Mallo en declaraciones posteriores a la sesión, «no se puede concretar» cuando se llevará a cabo el desalojo porque depende de los plazos de los juzgados, pero ha afirmado que son procedimientos que se suelen resolver rápido y no que duran meses.
13 años de litigio judicial
Esta decisión llega después de años de litigio judicial entre el Ayuntamiento y los propietarios desde que en 2003 la Ley de Protección de Animales prohibió la venta de animales en las 11 paradas, actividad que realizaban desde 1971, cuando se les concedió las licencias para hacerlo.
Al prohibirse la venta de animales, el Ayuntamiento se ofreció a buscar una solución y en 2010 estableció un convenio para transformar las concesiones en licencias que permitieron vender alimentos y souvenirs, como han hecho hasta ahora.
En 2011, la justicia declaró nulas las licencias por «distintos incumplimientos» en la tramitación municipal y en 2021 caducó la concesión de 50 años que tenían los paradistas desde el 1971.
Además, la voluntad del Ayuntamiento era realizar la reforma de la Rambla, que está realizando actualmente y que incluye la eliminación de las paradas, por lo que Mallo subraya que la obra pública «está por encima» de la licencia y que ésta debe eliminarse igualmente.
Las iniciativas de los paradistas
Para evitar el desalojo, los paradistas iniciaron distintas iniciativas y acciones judiciales para mantenerse en la Rambla --como la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que fue rechazada por el Parlament-- y que ha terminado con 20 resoluciones judiciales «que confirman que no pueden vender estos productos».
Este mes de julio, el Ayuntamiento estableció un plazo de 10 días de gracia para que los paradistas devolvieran las llaves, que se alargó por la petición de éstos de establecer medidas cautelarísimas en tres juzgados distintos: dos fueron denegadas y una se estimó.
Aun así, no ha impedido que el Ayuntamiento pueda proceder a pedir las llaves y a seguir con el procedimiento para desalojarlas y derribarlas con la reforma de la Rambla que se está llevando a cabo.
Actitud "muy respetuosa"
El Ayuntamiento defiende que ha hablado con los paradistas para «hacer una transición ordenada y respetando todos los derechos, incluso ofreciendo una compensación», un plan de recolocación o un plan de apoyo para los trabajadores, entre otras opciones.
Mallo ha dicho textualmente que la actitud del Ayuntamiento es garantista y muy respetuosa, y Rodríguez ha recalcado: «En 13 años no hemos forzado la maquina, hemos ido paso a paso», y defiende que es lo que seguirán haciendo a partir de ahora.
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