El Seprona, en colaboración con la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de Castellón, tuvo conocimiento de diversas irregularidades en la emisión de certificados de control de plagas --desinsectación, desratización y desinfección-- en diferentes establecimientos públicos de la autonomía.
El control de plagas, obligatorio en establecimientos en los que haya presencia de alimentos, son controlados de forma periódica, a efectos de minimizar los riesgos que afectan a la seguridad alimentaria. De esta forma se asegura un alto nivel de protección en el ámbito de la salud de los consumidores. Para acreditar la aplicación de tratamientos dirigida al control de plagas, las empresas certifican que han llevado a cabo estas medidas.
Este certificado, que es un modelo oficial, con las formalidades requeridas por la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, es expedido por empresas que realizan este tipo de controles y deben estar inscritas en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas (ROESB).
Esta actividad debe contar con personal cualificado en la aplicación de productos químicos empleados para el control de plagas y con personal encargado de la dirección y supervisión de la correcta aplicación de dichos productos biocidas.
La revisión documental de la actividad permitió al Seprona concluir que los investigados efectuaban aplicaciones de biocidas y emitían certificados en nombre de una empresa que no constaba en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas, ya que no estaba constituida y era inexistente.
Por otra parte, los agentes determinaron que la facturación de los servicios que prestaba estaba creada de forma irregular con el objeto de no ser detectados sus servicios por la hacienda pública.
Además, los certificados emitidos por su actividad suplantaban la identidad de personas con capacidad legal para realizar la supervisión y dirección de los tratamientos. Personas pertenecientes a otras empresas del sector, y que en el caso concreto de una de ella había fallecido hacía varios años.
Una de las figuras suplantadas, la de director responsable de los tratamientos, daba lugar a la falta de evaluación previa de riesgos, la irregular aplicación de los tratamientos, y la falta de condiciones de seguridad recogidas en la legislación vigente, lo que ocasionó un riesgo grave contra la salud pública.
Este hecho, que era desconocido por los usuarios de este servicio, se han sumado a la denuncia, como afectados, colaborando con la Guardia Civil que investigaba los hechos. Estos servicios se llevan a cabo en establecimientos abiertos al público, en presencia, manipulación y consumo de alimentos, por lo que requiere que el personal que lleva a cabo esta actividad en ámbito fitosanitario y posea un alto estándar de conocimientos y titulación específica para un manejo y aplicación segura que evite riesgos para la salud pública.
Los investigados aprovechaban la falta de aplicación de estos requisitos para llevar a cabo la actividad por debajo del precio de mercado, lo que les procuraba una alta demanda de sus servicios en toda la Comunitat Valenciana. Sigue en curso las investigaciones para determinar el número total de empresas afectadas en este procedimiento.
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