Los socialistas andaluces han vinculado las conclusiones de esa contratación de emergencia con el cese de Catalina García como consejera de Salud para convertirse en responsable de Sostenibilidad y Medio Ambiente para preguntarse si «¿tiene algo que ver el cese con este informe de la Cámara de Cuentas?» antes de reclamar «las explicaciones de Moreno Bonilla», mientras que ha recordado que hace dos meses, ante un propuesta de cese del Grupo Socialista, optó por arroparla.
Aguilar ha alertado del uso irregular del gobierno del PP-A de los contratos de emergencia sanitaria ante la pandemia y ha pedido aclaraciones sobre las empresas a las que se les han entregado esos 240 millones de euros y «la relación que han tenido o podido tener con altos cargos de la Junta de Andalucía», según una nota de este partido.
El también parlamentario autonómico ha denunciado que el gasto de esos más de 240 millones de euros de dinero público se ha realizado «sin transparencia, de manera totalmente opaca y arbitraria, además de sin publicidad ni concurrencia».
«Con este dinero, Moreno Bonilla ha regado a la sanidad privada perjudicando a la sanidad pública andaluza», ha alertado sobre ese uso de la contratación de emergencia, ante lo que ha dejado claro que el presidente del PP «no puede permanecer en silencio» por más tiempo.
Para Aguilar, «es necesario que Moreno Bonilla dé explicaciones y diga a dónde han ido esos 240 millones, qué empresas sanitarias han recibido esos fondos, qué relación han tenido o han podido tener con altos cargos de la Junta y cuál es la razón de haber elegido esas empresas y no otras».
Ha remarcado que en su informe la Cámara de Cuentas ha advertido que la Junta de Andalucía usó esa contratación de emergencia para situaciones generadas previamente a la pandemia y para materias no previstas.
El PSOE-A ha recordado que ese tipo de contratación, permitida exclusivamente para afrontar las necesidades asociadas a la pandemia, se prolongó hasta julio de 2023 por parte de la Junta de Andalucía, más de un año después de que terminara la emergencia sanitaria y con una resolución de la propia Consejería de Hacienda que señalaba que no se debían usar estos contratos de emergencia.
Defectuosa planificación en un tercio de contratos
El organismo de fiscalización externa del sector público andaluz publicó el viernes de la semana pasada su informe sobre los contratos de emergencia de 2020 con, entre otras conclusiones, de que en un «32,34% de los supuestos analizados (en 65 de los 201 contratos, que afectan al 28,18 % del importe total de la muestra) se pone de manifiesto una defectuosa planificación de la gestión contractual por parte del órgano de contratación».
Esa conclusión descansa sobre el hecho de que en ese tercio de contrataciones «obedecen a una necesidad que pudo ser previsible, programable y no sobrevenida por causa de la pandemia» por cuanto argumenta que «en muchos casos» se trataba de situaciones «que se retrotraían y eran conocidas con antelación a la crisis sanitaria».
El organismo fiscalizador ha trabajado con una muestra de 201 contratos que sumaban un importe de 79,69 millones de euros.
Concluye en su recomendación que «una adecuada planificación de la gestión contractual hubiera permitido ejecutarlas con anterioridad, a través de procedimientos menos restrictivos de los principios de publicidad y concurrencia».
Entre las recomendaciones que hace la Cámara de Cuentas, que califica como «una prioridad alta», figura «emplear la tramitación de emergencia de acuerdo con criterios de necesidad y proporcionalidad, limitándola, tanto en el ámbito objetivo como en el temporal, a lo estrictamente indispensable para hacer desaparecer la situación de emergencia».
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