Alrededor de 1.300 algodoneros andaluces, de los 6.000 que pudieron verse afectados, participarán en una demanda conjunta del sector contra las desmotadoras implicadas en un pacto de precios a la baja entre 2004 y 2012, según la información actualizada a Europa Press de Redi Abogados.
En el año 2011 se procedió a la denuncia de varias desmotadoras andaluzas ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por una práctica anticompetitiva consistente en la adopción de acuerdos tendentes a fijar los precios pagados a los productores del algodón.
El organismo incoó un expediente sancionador contra las seis desmotadoras andaluzas Algodonera del Sur (Algosur), Desarrollo y Aplicaciones Fitotécnicas (Dafisa), Eurosemillas y su filial Surcotton, Industria desmotadora andaluza (Indesa), Comasa y su matriz Agrícola Conagralsa (fusionadas actualmente en Las Lomas SL) y Colectivo Algodoneras del Sur de Andalucía (Coalsa) por una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia. Tras recurrir varias sentencias, llegó al Tribunal Supremo en 2019, que condenó a las desmotadoras a una multa de 400.000 euros.
La resolución favorable trajo consigo la posibilidad a los algodoneros de reclamar el dinero que no percibieron por esta práctica ilegal y de ahí nació la opción de una demanda conjunta, que está en manos del despacho Redi Abogados, de Barcelona, especialistas en cárteles.
Este bufete coordina la demanda grupal que contaba hasta este martes con 1.273 agricultores adscritos, a falta de los más rezagados, lo que supone un «éxito» de participación sabiendo que unos 6.000 agricultores pudieron verse afectados, según ha valorado Albert Poch, uno de los abogados del bufete.
Siguiente paso
Poch ha señalado a Europa Press que el paso más importante ahora es «interrumpir la prescripción» mediante una reclamación extrajudicial, un burofax, en el que los 1.300 agricultores apuntan su intención de reclamar los daños causados, es decir, que van a «ejercitar su derecho a reclamar».
«La fuerza del grupo es muy superior que si se hace de manera individual», ha apuntado el abogado para señalar que «un buen dictamen pericial que demuestre el daño causado es muy caro y si eres un pequeño agricultor puede que no le compense», ha afirmado.
Este proceso es largo y, teniendo en cuenta el derecho a recurso, se puede ir a ocho o diez años para que concluya, pero un fallo estimatorio en primera instancia «ya da derecho a cobrar» a los agricultores, aunque luego se recurra.
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