Archivo - El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. | Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

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El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad y segundo teniente de alcalde de Madrid, Borja Carabante, ha advertido este jueves de las «graves consecuencias» que el acuerdo económico con Cataluña tendrá en la inversión en infraestructuras en la ciudad y en la región, que tendrán que pagar los madrileños con sus impuestos, aunque ha subrayado que no afectará especialmente a las tarifas del transporte porque la aportación del Estado «es irrisoria».

En declaraciones a los medios en el Parque Galiana de Usera, el delegado ha cargado contra la concesión de «la independencia, de la soberanía fiscal» del pacto de los independentistas para hacer presidente catalán a Salvador Illa (PSC) que rompe «el principio de solidaridad» y ha incidido en que Más Madrid y su portavoz en el Ayuntamiento, Rita Maestre, tendrán que dar explicaciones por su apoyo.

«Más Madrid apoya también que se perjudique sustancialmente a los madrileños con esta quiebra del principio de solidaridad, entre otras cosas porque tendrán que apoyarlo las Cortes Generales en la modificación de la Ley de Financiación Local. Y yo pido también explicaciones no sólo al PSOE por esta quiebra sino también a Rita Maestre, a Más Madrid, por apoyar esta quiebra del principio de solidaridad y por tanto perjudicar notablemente a los intereses de Madrid y de los madrileños», ha indicado.

"consecuencias graves" sobre la dotación destinada a madrid

Carabante ha incidido en que este acuerdo económico de financiación en Cataluña «tendrá consecuencias graves» sobre el presupuesto que destina la administración del Estado a la Comunidad de Madrid y que, según ha denunciado, ya ha sido «sustancialmente reducido a lo largo de los últimos años».

En este sentido, ha recordado que obligará a los madrileños y al resto de comunidades autónomas a aportar «más a la caja común» y las inversiones se verán «reducidas». «Ya se está viendo reducida como consecuencia también de esta crisis en el tren de Cercanías», ha indicado.

En cualquier caso, ha dicho que no repercutirá en las tarifas del transporte público en Madrid ya que la financiación del Estado es «irrisoria» y lleva congelada desde el año 2011. «Sigue aportando apenas 150 millones de euros de los cerca de 2.500 millones que cuesta el transporte público. Por tanto, el transporte público en la ciudad y en la región de Madrid lo aporta especialmente la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid y ese déficit de financiación no va a tener consecuencias sobre la tarifa o sobre el coste del transporte público, aunque sí va a tener consecuencias la infrainversión sobre las infraestructuras».

Además de Cercanías, ha apuntado, «no hay una sola obra pública de interés para la Ciudad de Madrid que haya iniciado la Administración General del Estado en los últimos años». «No se ha ejecutado el bus VAO de la A-2, no hay previsión de ejecutar ni un solo carril bus VAO de acceso a la ciudad de Madrid, o las carreteras cuya competencia corresponde a la Administración General del Estado, que a veces están en peor estado como consecuencia de esa falta de inversión», ha ilustrado.

Lo pagarán los madrileños

«El sistema actual se basa en el principio de solidaridad interterritorial y que por tanto aquellas comunidades que más recogen y que más crecimiento económico tienen, más tienen que aportar para aquellas que tienen un déficit. Ahora ese déficit de Cataluña lo tendrá que aportar la Comunidad de Madrid y los impuestos y los recursos no los aportan los territorios, los aportan los ciudadanos y por tanto lo que tienen que saber los ciudadanos de Madrid es que tendrán que aportar más presupuesto y que habrá menos inversiones para Madrid», ha explicado.

En esta línea, ha incidido además en que lo que sí «está claro» es que el Estado seguirá invirtiendo en Cercanías en la Generalitat, seguirá invirtiendo en infraestructuras de competencia en Cataluña« con el objetivo de »mantenerse en el poder«. »Eso es absolutamente insolidario y se les ha dado la soberanía y la independencia fiscal y eso quiebra el principio constitucional de la solidaridad interterritorial", ha apostillado.