La clausura se produce tras obtener el Ejecutivo autonómico la autorización judicial por parte de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).
En concreto se ha trasladado a las 21 personas que permanecían en las instalaciones y, a continuación, se ha procedido a clausurarlas, ha informado el Gobierno de Aragón.
El plan de cierre establecido por la Secretaría General Técnica del Departamento de Bienestar Social y ha tenido como prioridad preservar la seguridad y el bienestar de las personas que estaban viviendo en este establecimiento y en un primer momento contemplaba el traslado de 28 residentes; una vez se ha accedido al espacio se ha comprobado que había 21 personas alojadas. De ellas, 19 han sido trasladadas con vehículos adaptados y dos han sido recogidos por familiares.
El objetivo ha sido llevar a cabo el procedimiento de ejecución forzosa, pendiente desde la anterior legislatura, sin menoscabo a la dignidad e integridad de los usuarios y manteniendo una comunicación constante con sus familiares y personas de referencia.
Se informó del cierre un día antes
El día previo a la clausura se llevó a cabo una reunión para informar del plan de cierre al entorno cercano de las personas que estaban residiendo en este espacio tras hacer un llamamiento a través del BOA el 7 de agosto y detallar el procedimiento, en el que se ha contado en todo momento con la colaboración de la Consejería de Sanidad y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, además de varias instituciones y medios policiales.
También se han habilitado diversos canales de comunicación para mantener a las familias, personas de referencia y allegados de los usuarios al corriente de todas las actuaciones que se han desarrollado y de todo lo relativo a su reubicación conforme a lo dispuesto en cada caso particular.
El cierre forzoso del establecimiento se ha ejecutado a través de sendas órdenes de la Consejera de Bienestar Social y Familia una vez obtenida su ratificación judicial.
La clausura del centro -u-bicado en Camino Bárboles, 169-- ha comprendido la salida coordinada de las personas residentes y la recogida escalonada de sus enseres, así como el traslado al recurso correspondiente en cada caso.
Además, se ha dado apoyo para realizar trámites de valoración de dependencia y reconocimiento de prestaciones económicas si procedía, tal y como confirman desde el Departamento.
El Gobierno de Aragón ha recordado que cualquier ciudadano tienen la posibilidad de consultar el Registro de Entidades, Centros y Servicios Públicos, y que permite el acceso a datos públicos de información básica registral sobre los recursos de los servicios sociales en la Comunidad.
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