El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha informado este viernes en rueda de prensa de que desde el Ayuntamiento se han sancionado a seis viviendas turísticas que incumplían la normativa municipal, con una multa de 10.000 euros a cada una de ellas, además de estar en investigación otras 30 viviendas de este tipo.
En declaraciones a los periodistas tras la Junta de Gobierno Local, el alcalde ha aseverado a este respecto que «el Ayuntamiento de Cádiz va a sancionar a las viviendas turísticas irregulares y a aquellos que no cumplan con la normativa».
Además, ha informado de la puesta en marcha de una medida que ha considerado «clave» para poder llegar a este último paso de las sanciones, como es la figura del «inspector», encargado del control de las viviendas turísticas, que comenzó esta tarea el pasado mes de julio.
En función de la comprobación de las infracciones que se viene realizando, ha informado de que desde el 12 de julio, fecha en la que se abrió el buzón para las denuncias, hasta este pasado jueves 29 de agosto ha habido 56 denuncias, 13 de ellas por ruidos en viviendas que se ha comprobado están dadas de alta en el sistema «correctamente».
El alcalde ha detallado que, de todas ellas, 22 son denuncias ciudadanas en las que hacen llegar a través de este buzón los enlaces de viviendas turísticas para su comprobación. Sobre esto, ha defendido que desde el Ayuntamiento se van a investigar «todas las denuncias» que se reciban aunque han reconocido que en estos últimos casos es más «complejo» de corroborar.
«Actualmente continuamos con las labores de inspección de manera continua, comprobando el resto de denuncias para acreditar las pruebas y verificaciones que permitan iniciar los oportunos expedientes de sanción y o de desestimación», ha comentado Bruno García, aseverando que si hay incumplimiento, «la sanción llega».
Sobre las viviendas sancionadas y en estudio, desde el Gobierno local se ha aclarado que se dan diferentes «casuísticas», donde algunas son «viviendas clandestinas» que no presentan ningún tipo de solicitud ni registro o que están en edificios que no admiten el uso residencial, como locales comerciales.
Las sanciones se remiten a los propietarios de estas viviendas y también a la Junta de Andalucía para su conocimiento y «tener actualizado» el listado de pisos en la ciudad de Cádiz.
Además, ha recordado que en este año de Gobierno se han realizado hasta cuatro requerimientos a la Junta de Andalucía para dar de baja a viviendas registradas como turísticas que incumplen con la normativa municipal a este respecto, creada por el anterior Gobierno de Adelante Cádiz y aprobada en octubre de 2022 en el pleno del Ayuntamiento.
Así, el nuevo Gobierno local del PP ha solicitado en este año la baja de un total de 388 viviendas de uso turístico que no cumplen con esta ordenanza.
Ahora, con la nueva ley de viviendas turísticas de la Junta de Andalucía, «ya no debe entrar nada de alta que no cumpla el PGOU», porque el sistema automáticamente lo comunica al Ayuntamiento y éste emite un informe que ratifica o deniega su puesta en marcha, de tal manera que hasta que eso no sucede no se le concede el número del Registro de Turismo de Andalucía (RTA).
«El espíritu es ese, que protejamos el suelo residencial del uso hospedaje y que se desarrolle el suelo que está destinado al uso hotelero, para que la ciudad cuente con ese equilibrio que necesita entre la actividad turística y la residencia», ha manifestado el alcalde de Cádiz.
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