La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha recordado a los grupos de la oposición que el anterior Ejexutivo del cuatripartito volvió a adjudicar la gestión del Centro de Acogida de Menores (CAM) de Ateca (Zaragoza) cuando ya se habían producido «varias denuncias» y ha garantizado que la concesionaria «no volverá a tener un contrato con la Administración Pública aragonesa» mientras gobierne el PP.
Así lo ha asegurado Susín en una comparecencia en el Pleno de las Cortes de Aragón para explicar los pasos dados con motivo del cierre judicial del CAM de Ateca, después de que el director del centro y otros cuatro trabajadores entraran en prisión provisional el pasado 2 de agosto como presuntos autores de delitos cometidos contra la integridad moral, torturas y lesiones infringidas a menores residentes, así como pertenencia a grupo criminal.
De este modo, la consejera ha comenzado su intervención ante los grupos parlamentarios recordando que la gestión del mencionado centro fue contratada sucesivamente desde el año 2017 por los dos ejecutivos anteriores, comandados por el PSOE, «teniendo constancia de que había varias denuncias y quejas encima de la mesa» sobre su funcionamiento.
En el momento del cierre por orden judicial, el centro tenía 21 plazas concertadas con el IASS, otras siete plazas con el País Vasco y cinco más con Islas Baleares.
Ante la gravedad de los hechos investigados en el centro y de las acusaciones que se estaban haciendo públicas, el Gobierno de Aragón y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales entendieron que su principal preocupación y obligación, en palabras de Susín, debía ser «preservar la identidad y la seguridad de los menores e iniciar los trabajos de investigación interna y recopilación de la información obrante en poder de la Administración para ponerla a disposición de la juez instructora del caso».
Ha indicado que, hasta el momento, el Gobierno de Aragón sólo ha sido requerido por la Guardia Civil y la Fiscalía para la remisión de información y documentación que, con fechas 16 y 23 de agosto, fueron trasladadas a ambas instituciones.
Plan para reforzar el sistema de protección de menores
Susín ha relatado que, entre el 3 y el 4 de agosto, se diseñó un plan de trabajo que contemplaba la recopilación y el análisis de toda la documentación obrante en torno al centro de menores de Ateca, las actuaciones que debían implementarse con carácter urgente y las medidas que se había de tomar para mejorar del sistema de protección de menores de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Dicho plan empezó a desarrollarse a primera hora del lunes, 5 de agosto, tras una reunión convocada por la propia consejera, que compareció ante los medios de comunicación esa semana en un ejercicio de rendición de cuentas «hasta las últimas consecuencias» sin que en ningún caso se llegase a interferir en la investigación judicial en curso ni menoscabar el interés superior del menor que la Administración está obligada a preservar.
Fruto de este plan de trabajo se inició la apertura de un expediente de investigación interno en el IASS, con su correspondiente instructor, para analizar las actuaciones de la Administración en su deber de vigilancia y control, para recopilar toda la información relativa a los hechos y para depurar responsabilidades internas, en caso de que las hubiere, todo ello con la intención además de salvaguardar el buen hacer de los profesionales de menores de Aragón.
En esa línea se inició la apertura de expediente disciplinario a la persona responsable del servicio provincial de tutelas y protección a la infancia y el expediente de resolución del contrato con la entidad gestora del centro por incumplimiento del contratista.
Además, se inició un procedimiento de contratación de urgencia para habilitar una unidad de atención terapéutica para menores, con una capacidad máxima de 15 plazas durante seis meses con la Fundación Samu, en el que estarán alojados todos los menores en este recurso elk próximo 16 de septiembre.
En los próximos meses, ha anunciado Susín, Aragón contará con un plan de revisiones de centros de menores además de un registro del personal que trabaja en estos espacios, cuya orden de inició se firmó el pasado 14 de agosto. También ha confirmado que se está trabajando para elaborar un protocolo de «mala praxis o vulneración de derechos» de los menores bajo medidas de acogimiento en la comunidad autónoma.
Intervenciones de la oposición
Desde el PSOE, la diputada Pilimar Zamora ha lamentado que el PP haya utilizado este asunto como «arma arrojadiza» y ha añadido que le habría gustado que la consejera y el gerente del IASS, que ha estado «ausente» y «no sabemos dónde está», hubieran informado con «la máxima transparencia», en lugar de «filtrar» a la prensa.
Por su parte, el diputado de VOX David Arranz se ha centrado en cuestiones relacionadas con la acogida de menores y ha preguntado «por qué tenemos que acoger» a los menores extranjeros que entran en España y ha asegurado que no hay «apenas diferencias» entre los gobiernos «de la izquierda y de la extrema izquierda» con el del PP en política migratoria. Ha destacado también el origen marroquí y rumano de varios de los presuntos responsables.
Isabel Lasobras (CHA) ha reclamado mejores condiciones laborales para los trabajadores de estos centros, mientras que Pilar Buj (Aragón-Teruel Existe), al igual que Alberto Izquierdo, del PAR, ha respaldado a la consejera y ha insistido en que se trata de un asunto judicializado.
El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha subrayado que el Gobierno de Aragón es «el responsable último» de la tutela y protección de estos menores, por lo que «no ha cumplido su función».
Réplica de la consejera
En su réplica, Carmen Susín ha agradecido la prudencia de algunos diputados y ha deplorado algunas de las reacciones a la izquierda del arco parlamentario. «Esta situación ha revelado otra vez la precariedad en la que ocho años de Gobierno socialista y de izquierdas ha dejado los servicios sociales en Aragón», ha lamentado.
«Dejaron al sistema de protección a la infancia en una situación vulnerable», ha valorado, por lo que todo lo acontecido en Ateca ha puesto de manifiesto «esa precariedad y desidia», ha añadido.
La responsable autonómica de Bienestar Social y Familia ha explicado también que el Gobierno de Aragón está llevando a cabo una revisión de todos los contratos con las entidades que forman parte del acuerdo marco, con quienes se está en permanente comunicación, a las que el IASS ha requerido toda la documentación acreditativa de su solvencia económica, financiera y técnica; también relativa a sus trabajadores.
También se ha dado instrucción por parte del Gerente del IASS para que semanalmente se reporte «un informe firmado por las subdirecciones provinciales, competentes en materia de menores, con las incidencias que se produzcan en el sistema de tutelas y protección a la infancia», así como «comunicación inmediata en las incidencias consideradas graves», medidas que se suman al resto que se han implementado, entendidas todas ellas como un paso imprescindible para reforzar la vigilancia del funcionamiento ordinario de los centros de menores.
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