La autorización ambiental unificada (AAU) concedida por la Consejería de Sostenibilidad para el proyecto de reapertura de la corta minera de Aznalcóllar (Sevilla), cerrada en enero de 2002 tras la catástrofe natural acontecida en 1998 como consecuencia de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa); ha quedado suspendida de manera automática y «temporal» tras un recurso de alzada interpuesto por Ecologistas en Acción.
Ecologistas en Acción ha manifestado este lunes en un comunicado que el pasado 12 de agosto interpuso un recurso de alzada ante la Administración andaluza contra esta autorización ambiental unificada que avala el proyecto técnico de reapertura de la corta minera de Aznalcóllar, marcada por la gran catástrofe natural acontecida en 1998 por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo, explotado entonces por Boliden-Apirsa.
El proyecto cuenta con la previsión de crear unos 2.000 empleos directos e indirectos, para la extracción de 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, es decir, cobre, zinc y plomo; durante al menos 17 años tras los tres primeros años de reacondicionamiento de la corta; pesando de otro lado las insistentes advertencias de las organizaciones ecologistas sobre su impacto en el medio ambiente y en especial sobre los recursos hídricos.
Según avisan, el proyecto implica «verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al estadio de la Cartuja», con destino al Estuario del Guadalquivir y con efectos a un entorno declarado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000.
El aviso de los ecologistas
Se trata, según los ecologistas, de metales como «arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, niquel, plomo, selenio y zinc, entre otros metales contaminantes».
Frente a las tesis de la empresa, que dice prever «una estación depuradora de agua de última generación, que se une a la promoción de una nueva red de infraestructuras para la gestión hídrica del proyecto»; para «resolver definitivamente el problema generado por los pasivos ambientales heredados de la antigua operación minera»; los ecologistas rechazan este discurso de la empresa, que viene apoyando la Junta de Andalucía asegurando que la actividad contará con todas las garantías y negando cualquier «vertido tóxico» al río.
Los ecologistas avisan además de que Minera Los Frailes, la sociedad instrumental creada por Grupo México y Minorbis para la gestión de la mina, ya ha incumplido los términos de la concesión relativa al complejo de Aznalcóllar, pues estaba obligada a mantener y tener en funcionamiento la antigua depuradora para tratar las aguas de contacto, pero «desde 2015», dicha instalación «no funciona» con el consecuente vertido de aguas «sin control» desde el recinto al río Guadiamar.
En ese marco, Ecologistas en Acción ha informado este lunes de que el pasado 12 de agosto formuló un recurso de alzada ante la Administración andaluza contra la mencionada autorización ambiental unificada, «argumentando suficientemente graves irregularidades legales que constituyen motivos de nulidad de pleno Derecho» del acto administrativo, solicitando su suspensión.
Los supuestos "incumplimientos"
En su recurso de alzada, los ecologistas avisaban de supuestos «incumplimientos de la obligación de información y participación pública previa del condicionado ambiental que se incluye en la autorización ambiental unificada, incumplimiento de la obligación de realizar una evaluación ambiental estratégica en todos los términos municipales afectados, una modificación de las cantidades anuales del vertido tóxico al Guadalquivir, sin información pública, desde 2.600 a 4.000 millones de litros anuales durante la fase operativa de 17 años; incumplimiento de la obligación de realizar una adecuada evaluación de impacto ambiental de ese vertido tóxico, a lo largo de todo el espacio protegido de Red Natura 2000 del Bajo Guadalquivir, incluyendo los impactos en la agricultura y ganadería ribereña; la falta de evaluación de los efectos tóxicos, acumulativos y sinérgicos que se producirán junto con la nueva mina subterránea de Cobre Las Cruces en Gerena» o la «omisión» del obligado informe realizado por el Consejo de Participación de Doñana, obligado por la Ley 91/1978 de Doñana.
«Pasado un mes desde esa solicitud de suspensión, la Consejería competente no ha dado ninguna respuesta y, por tanto, el artículo 117.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que se produce la suspensión automática de la autorización, por imperativo legal», señala Ecologistas en Acción.
"suspensión automática y temporal"
La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha señalado de su lado que ante el citado recurso de alzada, actualmente está «ultimando la resolución, siempre de acuerdo con los preceptos legales y la máxima seguridad jurídica», reconociendo que «de conformidad con la normativa vigente, al haber transcurrido un mes desde la recepción de dicho recurso de alzada, la autorización ambiental queda en suspensión automática, tal como se estipula en el marco legal».
«Esta suspensión es temporal y no implica una cancelación definitiva de la autorización ambiental unificada. Una vez que el recurso sea debidamente evaluado y resuelto por los servicios competentes, se procederá según lo que determinen los servicios jurídicos de la Consejería», señala la Consejería, asegurando que «este recurso se resolverá en próximas fechas, garantizando tanto la protección del medio ambiente como el adecuado desarrollo de los proyectos que se someten a nuestra autorización».
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