Los exministros Caamaño y Catalá creen que es "difícil" aplicar el Plan de regeneración contra los bulos

Ambos han participado, junto a la expresidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, en una mesa redonda sobre el Poder Judicial, que ha tenido lugar en el Patio de la Infanta de Fundación Ibercaja en Zaragoza.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la mesa redonda, Catalá ha indicado que, precisamente, los tres han comentado este asunto, «como profesionales del derecho y juristas, aunque sea con minúsculas, que nos consideramos los tres».

«Queremos conocerlo y leer la letra pequeña, porque es cierto, que es muy difícil, es muy difícil regular el derecho a la libertad de información, la titularidad de los medios de comunicación como sociedades mercantiles que son, el reparto de la publicidad conforme unas reglas que fija un tercero», ha añadido Catalá.

El exministro de Justicia Rafael Catalá ha reconocido estar «deseoso» de leerlo con detalle, pero «me parece tremendamente difícil llevar a cabo ese sistema de supervisión o de control. Ojalá mejoremos nuestra democracia, en eso vamos a estar todos de acuerdo».

A colación, Francisco Caamaño ha añadido: «Suscribo las palabras». Ha puesto como ejemplo que debido a la influencia de las redes sociales sobre las elecciones, entre otros países, Alemania estableció una serie de controles sobre los bulos informáticos en periodo electoral y ha hecho que «tres sentencias del tribunal federal, si mal no recuerdo, hayan condenado a las autoridades alemanas por vulnerar la libertad de expresión».

Por ello, ha abundado en que «es muy difícil establecer límites entre lo que se puede decir y lo que no, sobre todo dependiendo de quien lo diga también, si eso es censura política, ideológica, es muy difícil de regular».

A su parecer, «algo habrá que hacer, pero si no hay un consenso más amplio que un país solo, por muy buena voluntad que tenga, le va a costar trabajo poder hacerlo».

'lawfare'

Sobre el término 'lawfare', que incluso ha empleado el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para asegurar que lo ha padecido él mismo, Catalá ha subrayado que ni cuando era ministro, ni en la actualidad, se da.

«Ningún juez --ha sentenciado-- actúa por motivos ideológicos, políticos, los jueces aplican el derecho y lo hacen cada día y yo creo que ese reconocimiento es muy conveniente y contamina esa realidad, que es una realidad, no es una opinión mía en particular, no hace ningún daño a nuestra democracia». Al respecto, Caamaño ha asentido con la cabeza a estas declaraciones.

Cgpj

Sobre la fórmula de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ambos exministros de Justicia han coincidido en que tiene que haber un cambio y se han mostrado expectantes a la propuesta que haga el propio órgano de gobierno de los jueces.

«No vamos a reformar la Constitución, no vamos a cambiar la Constitución. Ojalá pudiésemos algún día estar de acuerdo», ha expresado Caamaño, añadiendo que «habrá que reformarlo, que es el intento que ahora se quiere, para ir conllevándonos con el Consejo y que también el Consejo encaje, de una vez por todas, en su funcionamiento con el resto de las instituciones, etcétera. Es la única vía que tenemos».

Catalá ha comentado que el nuevo CGPJ genera a todos expectativas de un «mejor funcionamiento» de ese órgano de gobierno, de la carrera judicial. Ha recordado que tiene un mandato, «que es presentar una proposición de ley en la que una propuesta pactada y consensuada permita superar este debate».

Sobre el modelo más adecuado, ha explicado que «con lo que ha pasado en España y Europa, con cómo ha evolucionado la percepción de estos órganos de gobierno», de los 20 vocales del CGPJ, 12 son de origen judicial y 8 son juristas. «En mi opinión, y no quiero condicionar ningún debate, es que los 8 juristas deberían seguir siendo elegidos por el Parlamento y los otros 12 deberían ser propuestos con un sistema abierto, democrático, proporcional por la carrera», ha comentado Catalá.

Solución

Su impresión es que «viendo cómo ha evolucionado Europa, cuál es el estado de opinión, la sensibilidad social sobre la cuestión, creo que fortalecería la posición institucional de este Consejo, que yo también soy crítico, de hecho, no ha funcionado demasiado bien, hay que ayudarle hacia el futuro y por aquí, yo creo que podría salir una salida».

Caamaño ha calificado esta fórmula de «razonable», porque la Constitución «no la vamos a cambiar». «En mi opinión personal sería mucho más radical, pero soy realista», ha apostillado.

Tras admitir que no se va a suprimir, y además no se puede cambiar la cultura de un país porque «tengamos una ocurrencia de repente, a pesar de las convicciones personales», se ha declarado partidario de «buscar una solución que nos acomode a todos y, sobre todo, que evite también ese posicionamiento de que el Consejo sirva para hacer política corporativa a los propios jueces».

Ha lamentado la imagen de ver jueces conservadores y progresistas por parte los ciudadanos, cuando estos profesionales de la justicia «son independientes». Esta agrupación por efectos profesionales que se produce «da unas tensiones que creo sólo se dan en nuestro país» y se generan «tensiones» entre asociaciones de jueces que «no se proyectan sobre los juzgados afortunadamente, pero si hacen demasiado ruido para la buena visión o la buena imagen de la justicia en España».

También se ha pronunciado la expresidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, quien ha recordado la incertidumbre generada hasta que hace unos meses se acordó la renovación del CGPJ.

«Inicialmente --ha relatado-- era de qué iba a pasar con la composición. Hoy, afortunadamente, ya tenemos un consejo nuevo. Pero también ver qué va a pasar de futuro. ¿Cómo se va a regular de futuro? ¿Cómo vamos a evitar que esto que hemos pasado este tiempo se vuelva a repetir?».