Más de 1.500 personas han recorrido este miércoles las calles de Zaragoza, 350 las de Huesca y 65 las de Teruel, según la Policía Nacional, en defensa de la enseñanza pública y en protesta por la política educativa del Gobierno autonómico, encabezado por el 'popular' Jorge Azcón.
Convocados por el Grupo en Defensa de la Escuela Pública, y bajo el lema 'Contra los recortes, la improvisación y el caos en la escuela pública', los manifestantes, que han recuperado las camisetas verdes que se popularizaron en las protestas contra los recortes durante la década pasada y han coreado lemas como 'Menos Romareda y más educación', han partido desde la plaza de Aragón de Zaragoza y han concluido frente al Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón.
Este grupo está integrado por organizaciones sindicales como CGT, CCOO, STEA y UGT; partidos políticos como PSOE, CHA, Podemos, IU y ZeC; la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar), los colectivos de directores de colegios (Aedipa) y de institutos (Adiaragón), las Federaciones de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) o la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ).
Entre los ejemplos de estos «recortes, improvisación y caos», han destacado la reducción del número de horas en centros educativos, la incorporación tardía del personal interino, la ausencia de diálogo con la comunidad educativa o la preocupación por las incidencias habitales en el inicio del curso escolar.
Así, han criticado el «recorte generalizado» en el número de horas de las que los docentes disponen para atender al alumnado o la distorsión que ha provocado la tardía incorporación del personal interino.
Han reclamado también una dotación suficiente de técnicos de infantil para las aulas de 3 años, de auxiliares de educación especial o de personal de enfermería y fisioterapia para atender al alumnado con necesidades educativas especiales, así como la garantía de transporte escolar en condiciones de seguridad y calidad.
La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha mostrado su disconformidad con esta convocatoria al considerarla una «instrumentalización política e ideológica» de la enseñanza y ha negado de forma reiterada que haya recortes.
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