En concreto, los de Joan Baldoví piden que el fondo de nivelación se active inmediatamente y esté dotado con 1.782 millones de euros anuales hasta 2027 para la Comunitat Valenciana, si bien vuelven a exigir la reforma urgente de la financiación y que se aborde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para «evitar desigualdades entre ciudadanos».
Respecto a la conocida como deuda histórica, instan a reconocer los déficits de financiación acumulados por la Comunitat y a definir un mecanismo de compensación.
En cuanto a la tasa turística, que se derogó antes de que llegara a aplicarse cuando el PP llegó al Consell, proponen impulsarla con un tramo autonómico y otro municipal para compensar el impacto social y medioambiental del turismo.
En materia fiscal reclaman recuperar los impuestos que gravaban a rentas altas y grandes fortunas, así como a las empresas que facturan más de diez millones de euros anuales, y destinar su recaudación a fortalecer los servicios públicos.
En otra propuesta, emplazan al Consell a reclamar al Gobierno el traspaso de la gestión del servicio de trenes de Cercanías, con el presupuesto necesario para ampliar y mejorar la red y sus frecuencias. Piden además mantener el abono de transporte joven gratuito, reforzar la vertebración territorial de la red y garantizar la movilidad de la «juventud rural».
Regular el precio del alquiler
En vivienda, instan a regular el precio del alquiler mediante la declaración de zonas tensionadas, en el ámbito de aplicación de la Ley estatal 12/2023. También piden limitar el precio de vivienda pública para que no supere como máximo el 30% de la renta de los demandantes, más ayudas al alquiler y un plan de vivienda joven a corto, medio y largo plazo.
En educación, rechazan la decisión del Consell de retirarse del proceso judicial que inició la Universidad Miguel Hernández (UMH) sobre la impartición de Medicina en la Universitat d'Alacant (UA), instan a rectificar la supresión o paralización de 341 actuaciones del Pla Edificant y exigen revertir «los recortes de 1.900 docentes» aplicando el acuerdo de plantillas de 2023 como dicta la reciente resolución judicial del TSJCV.
En sanidad, reclaman al Consell que exija los «112 millones de euros regalados por el 'president', Carlos Mazón, a las multinacionales de la sanidad privada» y destinarlos íntegramente a fortalecer la atención primaria.
Además, piden recuperar la gestión pública del Hospital del Vinalopó y el departamento Elx-Crevillent, crear cien plazas de psicología clínica, asegurar que los establecimiento de juego no estén cerca de centros escolares e regular el consumo de bebidas energéticas y azucaradas.
En servicios sociales, solicitan la homologación salarial de los trabajadores de acción concertada, mejorar la gestión de la dependencia, abrir de manera inmediata los centros acabados y garantizar la gestión pública o dar continuidad al Pla Convivint de infraestructuras «dignas».
Investigar las terapias de conversión
En igualdad, exigen más recursos contra la violencia machista, desarrollar la estrategia valenciana contra las violencias sexuales, garantizar que ninguna entidad que apoye a hombres acusados pueda tener la condición de fundación o crear una comisión de investigación sobre «la trama homófoba de las conocidas como terapias de conversión» en colegios diocesanos.
En materia de lengua y de cultura, reclaman garantizar la presencia vehicular del valenciano en los medios de comunicación públicos de la Generalitat, aumentar las partidas de la Conselleria de Cultura y consensuar con el sector las ayudas o crear una comisión de trabajo inmediata para promover la libertad e independencia municipal en este ámbito.
En economía, sus propuestas pasan por crear un fondo de desarrollo de proyectos empresariales estratégicos con criterios de sostenibilidad social y ambiental, contemplando la entrada de la Generalitat en el accionariado de las compañías que reciban ayudas periódicas. También piden garantizar que las grandes empresas que reciban subvenciones lo hagan con la condición de mantenerse en la Comunitat o crear la empresa pública que contempla la ley de creación de la Agencia Valenciana de la Energía.
Nueva dia para la ampliación del puerto
En clave medioambiental, exigen una nueva declaración de impacto ambiental (DIA) para conocer los efectos de la ampliación norte del puerto de València, así como desistir de su licitación, junto a un plan de estudio de adaptación a la sequía y al cambio climático y recuperar los impuestos 'verdes'.
Piden además aumentar tanto la plantilla de bomberos forestales como la partida de prevención, así como anular la resolución por lq que se reclaman 63.300 euros al barco de rescate humanitario Aita Mari en concepto del pago retroactivo de una tasa.
En esta línea, reclaman la derogación del Decreto-ley 7/2024 de simplificación administrativa y la retirada del anteproyecto de la Ley de Costas «por suponer ambas normas una innegable desprotección del territorio».
Por otro lado, llaman a garantizar la independencia de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) y de À Punt, recuperando las mayorías reforzadas para la elección de sus órganos, rectificar los cambios que «rebajan controles contra la corrupción», recuperar la oficina valenciana de recuperación de activos de estos casos o reforzar los juzgados que actúan en procesos de este ámbito.
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