Precisamente, la postura del PP respecto a la inmigración fue el motivo que esgrimió Vox el pasado julio para abandonar el Consell y el resto de gobiernos autonómicos.
En concreto, los de José Mª Llanos proponen impulsar un bloqueo naval, eliminar ayudas a asociaciones que promuevan la «inmigración ilegal», suprimir «todo beneficio o ayuda social a los inmigrantes ilegales» o impulsar un plan de repatriación de los menores no acompañados, así como «consultar al pueblo español en referéndum sobre el modelo de defensa de fronteras que quieren para España».
Sus propuestas buscan que se hagan «las modificaciones legislativas pertinentes para que los puertos de la Generalitat dejen de dar soporte a los buques de ONG que colaboran con las mafias de tráfico de personas».
En materia de vivienda, instan a agravar las penas por okupación y a reforzar los medios de las fuerzas y cuerpos de seguridad, incluyendo el desalojo de los ocupantes. Además, apuestan por liberar viviendas okupadas sin título del parque público y ponerlas a disposición de los solicitantes de vivienda de propiedad pública, así como por crear una oficina especializada para el asesoramiento y acompañamiento de «todas las víctimas» frente a la okupación ilegal.
Vivienda
Vox solicita al Consell un plan de choque para la rehabilitación de viviendas de titularidad pública «a fin de recuperar su estado de habitabilidad y ponerlas a disposición de los solicitantes». También pide incentivar la promoción de nuevas viviendas de protección pública y «seguir trabajando para la disminución de la presión fiscal existente en un bien de primera necesidad como la vivienda».
En este ámbito, invita a promover la simplificación, digitalización y mejora de los trámites en la obtención de licencias para «estimular la construcción», así como a fomentar la colaboración entre administración y entidades privadas. Igualmente, emplaza a reducir los costes de producción y los de las cargas administrativas para producir nueva vivienda a precios accesibles.
Para reforzar la oferta de residencias públicas, este grupo pide que se inste a administración autonómica a fomentar la ampliación del parque público de vivienda para que estos inmuebles sean puestos a disposición de los demandantes.
En materia de seguridad, emplaza al Gobierno a actuar «ante el considerable aumento de la criminalidad en la Comunidad Valenciana», con más efectivos contra el tráfico de drogas, así como a «garantizar toda la asistencia y apoyo posible a las mujeres víctimas de violencia, trabajando también en la prevención, identificando las causas y los perfiles repetidos de los agresores».
En sanidad, urge a aprobar planes estatales de salud mental y prevención del suicidio, a implementar el historial clínico y la tarjeta sanitaria única y a exigir al Gobierno el pago derivado del gasto en la atención a pacientes desplazados y extranjeros.
En servicios sociales, insta a avanzar en corresponsabilidad familiar y teletrabajo, con más oferta horaria de actividades extraescolares y guardería, y exige al Gobierno que cumpla con el pago del 50% del sistema de dependencia.
Mantener la central nuclear de cofrentes
En medioambiente, pide reconocer la energía nuclear como «una fuente imprescindible» y prolongar la vida útil de centrales como la de Cofrentes y estudiar la implantación de nuevas. Además, solicita un plan estatal de agua y otro de soberanía energética para «no depender de potencias extranjeras», suprimir la tasa a las grandes superficies comerciales y revisar los impuestos 'verdes'.
Paralelamente, exige «impedir la anexión por Catalunya» de los pescadores en la zona limítrofe con la Comunitat, además de promover la caza, denunciar las «consecuencias negativas» del Pacto Verde Europeo o revisar los acuerdos comerciales de la UE con terceros países.
Otra de sus propuestas pasa por instar al Gobierno a recuperar el Premio Nacional de Tauromaquia «cancelado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun».
Impuestos
En clave económica, Vox insta al Consell a «estudiar, en la medida de lo posible, la posibilidad de establecer una bonificación del 100% de la cuota tributaria del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para todos los supuestos contemplados en la línea de avales que ha anunciado el Gobierno».
Del mismo modo, invita a «estudiar, en la medida de lo posible, la posibilidad de reducir el tipo general del 1,5% al 0,5% del AJD para fomentar la transmisión de bienes inmuebles y favorecer de esta manera la actividad inmobiliaria, ayudando a reducir así los precios finales de la compra de viviendas y reactivando la actividad económica» de un sector que considera «locomotora económica».
Asimismo, propone estudiar la posibilidad de establecer una bonificación del ITP en cuota del 100% para compra de vivienda habitual, cuyo precio sea inferior o igual a 300.000 euros, para familias numerosas y personas con discapacidad.
"soterramiento urgente"
En infraestructuras, Vox emplaza a garantizar el «soterramiento urgente» de las vías ferroviarias en las localidades valencianas de Alfafar, Sedaví y Benetússer. También «fomentar una movilidad urbana integradora que no discrimine a las clases medias y trabajadoras».
Otras de sus propuestas son que Aena planifique las ampliaciones de los aeropuertos de Valencia y Alicante-Elche y eliminar los peajes en la AP-7 y prolongarla hasta el límite con Catalunya.
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