Fuentes del departamento de Campanar señalan a Europa Press que están estudiando el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, «comunicado formalmente hoy a la Abogacía», y que «en este momento habla únicamente de una medida cautelar».
Asimismo, recalcan que el Gobierno valenciano acatará las decisiones judiciales definitivas.
La medida cautelar ha sido adoptada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al considerar que no está constatada la pretendida nulidad de los acuerdos, pues no se ha aportado por parte de la Abogacía de la Generalitat «resolución judicial o administrativa» que así lo declare. Del mismo modo tampoco se ha aportado una impugnación que cuestione su legalidad.
Además, cree que la denuncia en mayo de 2024 de esos acuerdos de la Mesa Sectorial, sobre la que se fundamentan las instrucciones posteriores de la Dirección General de Personal Docente de la Conselleria de Educación, podría ser «manifiestamente extemporánea» conforme al artículo 38 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, advierte la resolución.
Los magistrados, sin entrar en el fondo del asunto, estiman así la petición de medidas cautelares realizada por dos sindicatos --STEPV y CCOO--, pues su pretensión tiene «apariencia de buen derecho».
La decisión afecta a las plantillas de profesores de las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional, Educación Especial y Educación de Personas Adultas.
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