Bellido (TSJA) advierte de que las descalificaciones al poder judicial "pretenden erosionar la legitimidad"

Bellido ha presidido el acto oficial de apertura del año judicial en la Comunidad Autónoma de Aragón, en la sede del TSJA, en el Palacio de los Condes de Morata, en Zaragoza, al que han asistido el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la presidenta de las Cortes autonómicas, Marta Fernández, y la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno; y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

En su intervención, Manuel Bellido ha traído a colación la defensa de la independencia judicial realizada días atrás por la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, quien afirmó: «Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico y solo aquellos Estados en los que la división de poderes está garantizada son, realmente, Estados de Derecho, de ahí la importancia de salvaguardar la independencia judicial frente a posibles injerencias externas».

El presidente del TSJA ha recalcado que «la actuación independiente de los jueces no constituye un privilegio, sino una garantía para los ciudadanos, y es la piedra angular de un verdadero Estado de Derecho», añadiendo que «ninguna característica define mejor una democracia real que la existencia de controles y contrapesos institucionales que impidan un ejercicio ordinario omnímodo del poder».

Tensiona

Ha dejado claro que «la salvaguarda de esta independencia del poder judicial adquiere una mayor importancia en épocas como la actual, en la que el poder legislativo se confunde en muchos casos con el Ejecutivo y se tensiona el funcionamiento del judicial».

Frente a las descalificaciones contra el poder judicial, «la sociedad española no debe olvidar que solo con jueces independientes se cumple el ideal de la Justicia y se garantiza a los ciudadanos que sus derechos serán protegidos».

Ha aseverado que «no basta con la actuación independiente» de los jueces, sino que «resulta también necesaria la implicación de las otras instituciones y poderes públicos, puesto que la confianza es un estado de ánimo y no depende tanto de la realidad de las cosas como de la manera en que se perciben».

Manuel Bellido ha hecho hincapié en que «la crítica de las resoluciones judiciales es perfectamente legítima», pero «se debe evitar el ataque injustificado y la instrumentalización de la Justicia para fines ajenos a los que le son propios: La contienda política no debe trasladarse al ámbito de los tribunales».

Final de mandato al frente del tsja

Manuel Bellido ha recordado que 2025 es su último año de mandato como presidente del TSJA y ha destacado de su etapa la apuesta por la transformación digital porque «la Justicia, como pilar esencial de la sociedad, no puede vivir de espaldas a la tecnología», poniendo de relieve que la digitalización se aceleró durante la pandemia y que se han alcanzado «límites que hace pocos años parecían propios de la ciencia ficción», mencionando las tecnologías emergentes, como la Inteligencia Artificial.

El presidente del TSJA ha llamado la atención sobre el impacto de estas nuevas herramientas en las decisiones judiciales, mencionando el caso de las declaraciones por vía telemática, que según algunos expertos pueden ser menos creíbles que si se hacen de forma presencial.

«En el caso de la Inteligencia Artificial debemos ser extremadamente cautos» y que el poder Ejecutivo debe asegurarse de que la provisión a la Administración de Justicia de la IA impide la posibilidad de que influye «directa o indirectamente» en las decisiones judiciales.

Bellido ha vuelto a defender los tribunales de instancia, formados por jueces de juzgados unipersonales, haciendo notar que el modelo actual tiene su origen en el siglo XIX, con una sociedad agraria y «poco comunicada».

Además, ha destacado que «la sociedad española es muy litigiosa» y se quejan de la «lentitud» de la Administración de Justicia. Al respecto, ha alertado de que la jurisdicción civil está «muy sobrecargada», siendo «muy preocupante» en el caso de los juzgados de Primera Instancia de Zaragoza, y ha lamentado que ese año no se haya creado ni un solo juzgado nuevo en toda España.

Ministerio fiscal

También ha intervenido en el acto la fiscal superior de Aragón, Asunción Losada, quien ha reclamado más medios informáticos para los fiscales, como ya ha expuesto en la comisión mixta Fiscalía-Gobierno de Aragón.

Ha apuntado que actualmente hay 65 fiscales en ejercicio en la Comunidad Autónoma de Aragón, que el año pasado se incrementa la plantilla con dos plazas nuevas, y que este año ha finalizado la implantación de la nueva Oficina Fiscal, que comenzó en 2018.

Datos

Losada ha recordado que el Ministerio Fiscal y el Gobierno de Aragón firman, el 28 de noviembre de 2023, un convenio de colaboración para facilitar el acceso remoto de la Inspección Fiscal y de la fiscal superior de Aragón a los expedientes electrónicos de juzgados y tribunales.

La fiscal superior ha aludido a la entrada en vigor de la reforma del Código de Derecho Civil Foral de Aragón en materia de capacidad jurídica de las personas, en aplicación del acuerdo internacional alcanzado en Nueva York en 2006 para preservar la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad. De esta forma, «el Ministerio Fiscal asume la función de velar por la protección de las personas que, por sufrir una enfermedad perdurable, no están en condiciones de cuidar de sí mismas».

Asunción Losada ha puesto de relieve que en el último año se han tramitado, en el ámbito de la salud y seguridad laboral, 345 diligencias procesales en materia de discapacidad y en materia penal las diligencias previas han aumentado un 6,13 por ciento respecto al año anterior. Los procedimientos urgentes han crecido un 37,17 por ciento y los delitos leves tramitados por las Fiscalías un 2,1 por ciento.

Durante 2023, los fiscales de Aragón han registrado 6.212 escritos de calificaciones por delitos, han participado en 4.582 juicios por delitos graves o menos graves y han propuesto 308 medidas cautelares de prisión.

Asimismo, en 2023 han crecido un 34,5 por ciento los delitos contra la vida y la integridad personal y los litigios relacionados con el patrimonio un 11,84 por ciento, destacando las estafas con medios tecnológicos e informáticos.

Los delitos contra la libertad sexual se han incrementado en un 4,88 por ciento, en materia de violencia de género una mujer ha fallecido a manos de su expareja, se han incoado 5.864 diligencias previas y procedimientos urgentes en esta materia.

Ha dejado claro que la Fiscalía también es competente en materia de seguridad y salud laboral y que los litigios de este ámbito deben sancionarse en la jurisdicción penal si son constitutivos de delito.