PSOE-M propone que la protección pública de viviendas no caduque tras 15 años y evitar la especulación

Se trata, según han adelantado a Europa Press, de una modificación de la Ley de Protección Pública a la Vivienda de la Comunidad de Madrid, añadiendo que todos los inmuebles reconocidos como protegidos tendrán «de forma permanente esta calificación».

Según ha explicado el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, el objetivo es establecer que esta protección sea por tiempo «indeterminado» y lograr que estas viviendas «están al servicio del derecho a la vivienda de las familias y los jóvenes en Madrid».

Desde el PSOE-M han explicado que la registrarán este miércoles y que de aprobarse tendría efectos sobre otros dos decretos sobre vivienda pública que habría que cambiar de forma subsiguiente. Estos son los que limitan la protección a quince años para las viviendas con protección pública para la venta o uso propio y para el arrendamiento; y a diez años las que eran protegidas para arrendamiento con opción a compra.

La vivienda ha sido uno de los principales ejes de oposición de los socialistas los últimos meses con diversas iniciativas y propuestas para intentar solventar las dificultades de acceso y la tensión del mercado.

Así, han reclamado en varias ocasiones --la última vez en el último Pleno con una Proposición No de Ley-- medidas como que el Ejecutivo regional promueva el aumento del parque público de vivienda en alquiler hasta alcanzar un 9% esta legislatura, atajar los pisos turísticos ilegales para que entren en el mercado de arrendamiento o aplicar incentivos fiscales para que los pequeños propietarios con inmuebles vacíos los saquen al mercado.

Por otra parte, han pedido en reiteradas ocasiones, ante el rechazo del Ejecutivo regional, que se permita a los municipios de la Comunidad de Madrid que apliquen la Ley de Vivienda estatal y se declaren zonas tensionadas. Entre las localidades que lo han solicitado se encuentran las socialistas Getafe o Alcorcón. Esta última adelantaba a principios de año que promoverá una iniciativa legislativa municipal en la Asamblea tras rechazar su petición el Ejecutivo regional.