Marlaska ha destacado, en su intervención en la apertura del I Congreso de Derecho Penitenciario en el Colegio de la Abogacía de Bizkaia, «la buena salud de la que goza el sistema penitenciario español», pero ha reconocido que hay «muchos espacios para la mejora» que «nunca» renunciarán a explorar.
A su juicio, «uno de los principales activos» del modelo penitenciario es «el alto nivel formativo y de preparación técnica» de todos los profesionales de instituciones penitenciarias, aunque también ha puesto en valor los mecanismos de colaboración con voluntarios, organizaciones civiles e instituciones públicas diversas implicadas en la gestión penitenciaria.
En este sentido, ha resaltado que el abogado defensor «juega un destacado papel a la hora de determinar el grado de intervención y el más apropiado tratamiento de los internos, con la mirada siempre fija en el mandato constitucional que diseña nuestro sistema penitenciario», que radica en «conseguir la reintegración en la sociedad» de los presos.
Tras remarcar que el derecho penitenciario es «el principal instrumento» para alcanzar el objetivo constitucional de garantizar a los reclusos «el respeto a los derechos fundamentales» que «no han sido afectados por la sentencia condenatoria», ha puesto el acento en que estos, «aunque privados de libertad, no pierden su condición de seres humanos».
Desde esta perspectiva, ha asegurado que «es el ámbito del trabajo común para la Administración penitenciaria y para la defensa de los derechos de los internos». «No es un terreno de juego ni un campo de batalla, sino el espacio común en el que los poderes públicos y la representación legal de los internos buscan la mejor respuesta en beneficio del interés general», ha mantenido.
A su entender, este radica en lograr que el cumplimiento de la pena sirva para «la reintegración en la sociedad de aquellas personas a las que ha sido necesario apartar de manera temporal y que, durante el periodo de pérdida de libertad, deben ser tratados indefectiblemente con la dignidad y respeto que exige su condición».
Esta labor se debe desarrollar, según ha precisado, «con la cautela de no generar daño añadido a las víctimas y siempre bajo la preceptiva supervisión judicial».
La competencia de euskadi en prisiones
Fernando Grande-Marlaska ha recordado que Euskadi ejerce desde octubre de 2021 la competencia exclusiva sobre organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos penitenciarios en Euskadi, de acuerdo con la legislación general en materia penitenciaria que sigue siendo competencia del Estado, y ha destacado que en ese momento «heredó un sistema penitenciario razonablemente sólido».
«La consolidación de la seguridad y la estabilidad regimental, ámbitos en los que hemos trabajado con intensidad desde 2018, ha generado un clima idóneo para la convivencia que nos ha facilitado abordar múltiples tratamientos penitenciarios», ha añadido.
De esta forma, ha indicado que, «además de consolidar y mejorar los programas de intervención existentes», se han puesto en marcha iniciativas «muy importantes» como el impulso de la justicia restaurativa, la atención a la discapacidad o la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres «como ejemplos de buenas prácticas penitenciarias».
«Nuestros programas de tratamiento son un referente de análisis y estudio para otros sistemas penitenciarios, porque gracias a la sana convivencia en los centros penitenciarios, están calando en las personas privadas de libertad y han ayudado a muchas de ellas a detectar sus carencias personales y sociales, a superarlas y alcanzar una autonomía personal que favorece su vuelta a la libertad», ha manifestado.
Según ha asegurado, esto se confirma en los datos recogidos en el estudio de la Central Penitenciaria de Observación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que establece la tasa de reincidencia en casi un 20%, lo que supone que ocho de cada diez presos que han cumplido su pena salen de prisión y no vuelven a reingresar.
El ministro ha subrayado que en los últimos años desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se han «redoblado esfuerzos para consolidar nuestro modelo penitenciario, que se caracteriza por un alto nivel de profesionalidad y por un sistema de cumplimiento que puede esa un ejemplo en la comunidad internacional». En esta línea, ha señalado que «puede servir también de ejemplo para Euskadi en esta nueva etapa».
Pasos que se han dado
Marlaska ha resaltado, entre los pasos «relevantes» que se han dado en los últimos seis años, la «apuesta por el aumento de la plantilla de profesionales penitenciarios». Según ha dicho, «gracias a una sucesión de ambiciosas ofertas de empleo público, con elevadas tasas de reposición, junto con cuidadas convocatorias para personal laboral e interino», se ha superado la cifra de 25.000 profesionales penitenciarios, algo que no ocurría desde 2010.
A ello se une el descenso en la población reclusa en los centros penitenciarios estatales, cuyo número en 2010 se establecía en 63.400 y ha pasado a 47.000 en la actualidad.
En su opinión, «aumento de plantillas y descenso de la población interna generan una mejora evidente de las condiciones laborales de los profesionales y facilitan la eficacia de la intervención penitenciaria».
«Si añadimos un importante esfuerzo por elevar el nivel de formación inicial y continua que reciben, a la que hemos dado ya rango universitario, es de destacar su alta preparación técnica como una de las fortalezas del sistema», ha señalado.
Medidas alternativas
Para Fernando Grande-Marlaska, ese factor «permite no sólo impulsar con éxito modernos e innovadores programas de tratamiento, tanto en el medio ordinario como en el medio abierto, sino también ejecutar y controlar unos 85.000 mandamientos judiciales anuales de medidas alternativas de la privación de libertad».
En tercer grado se encuentran unos 7.000 internos, el 18% de población penada. De ellos, el 44% están supervisados en su domicilio con un medio telemático, lo que «facilita su vida familiar y social».
En 2023 ingresaron directamente en medio abierto 947 condenados, de los cuales el 82% fue clasificado inicialmente en tercer grado, lo que, tal como ha destacado el ministro, «evitó el impacto negativo» del ingreso en un centro penitenciario ordinario.
Sistema penitenciario vasco
Marlaska ha considerado que el sistema penitenciario vasco «gira y camina por esa misma senda», y ha abogado por la colaboración y cooperación entre todos los agentes implicados en la gestión penitenciaria, la administración autonómica y la abogacía vasca.
«Defiendo este modelo colaborativo, porque la gestión del mecanismo penal y penitenciario, su función vital de profilaxis social con la mirada puesta en la reinserción, es un esfuerzo colectivo y solidario», ha declarado.
Por ello, ha explicado que, «sin ese compromiso de todos los agentes implicados, sería imposible contemplar la realidad actual que se caracteriza por ese nivel de respeto, de ordenada convivencia y su compromiso con la reintegración».
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