No se trata de algo habitual en los juicios pero es una previsión que contempla el artículo 733 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) para que los magistrados puedan someter a consideración de las partes una calificación que consideren más adecuada si aprecian errónea la formulada.
Así, dicho precepto legal establece que el tribunal podrá emplear dicha fórmula jurídica «sin que sea visto prejuzgar el fallo definitivo sobre las conclusiones de la acusación y la defensa».
En este caso, el magistrado Juan José Ortega, presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, ha solicitado que aclaren si los hechos encajarían en un delito de homicidio imprudente en concurso con unas lesiones dolosas y/o una eximente de legítima defensa o obrar en cumplimiento de un deber.
El juicio se ha aplazado hasta el próximo miércoles para que las partes puedan prepararse tiempo sus informes atendiendo a las aclaraciones solicitadas por el presidente de la Sección.
Antes de la solicitud de aclaración por parte del magistrado, la fiscal anunciaba que mantenía la solicitud de multa de 3.600 euros, en contra de la postura de la familia. La letrada que representa a la Abogacía del Estado solicita su absolución.
El agente dice que siguió el protocolo
En su declaración, el agente manifestó que se siguió el protocolo, corroborado por el resto de efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia civil que participaron en la intervención policial, que duró unos seis minutos.
Sin embargo, dos testigos han declarado en contra de la versión del procesado al mantener que los agentes dispararon al chico cuando corría sin que se abalanzara contra ninguno. «Le encañonaron», aseguran.
La fiscal solicita en su escrito inicial que se condene al guardia civil por un delito leve de homicidio por imprudencia menos grave. En cambio, la familia solicita cuatro años de cárcel y seis años de inhabilitación por un delito de homicidio imprudente.
Los padres de Diego se han mostrado en contra de la postura de la fiscal al considerar muy débil su petición con «una simple pena de multa». Para ellos es fundamental la inhabilitación del procesado, quien sigue trabajando como «si nada». «No nos ha pedido ni perdón ni nada», le recriminan.
En su declaración, el encausado detalló que se siguieron los protocolos en este tipo de casos. «Me dijo: Te mató, he salido a matar policías solo me vais a parar con un tiro en la cabeza. Voy a morir matando. Estaba a cinco o diez metros y en todo momento estaba con las navajas en alto», describió.
En un momento determinado, se les acercó a unos tres metros y un sargento efectuó varios disparos. «Se giró y se abalanzó sobre mí en ese momento saqué el arma y realicé dos disparos a las piernas a zona no vital», apuntó.
En la vista, la Sala ha reproducido la declaración de un testigo, que afirma que unos seis u ocho policías dispararon contra la víctima cuando corría negando que se abalanzara contra los agentes. «No eran disparos de advertencia, le encañonaron. Era como una película, bailaba por los disparos», asegura.
La madre del fallecido relató ante el tribunal los brotes psiquiátricos que sufría su hijo porque le costaba tomar la medicación. «Ese día tenía la idea de que la policía le iba a matar. Él chillaba en la plaza. No era violento. Tenía miedo», narró y criticó que doce guardias civiles fueran hacia su hijo y le propinaran una ráfaga de ocho tiros.
Hechos juzgados
Según la Fiscalía, sobre las 0.36 horas del 27 de septiembre de 2020, el acusado fue comisionado por parte de la central «COS» de la Guardia Civil, para dirigirse a la Plaza del Ayuntamiento de la localidad madrileña de Manzanares EL Real.
Una vez recibido el aviso, él y otro compañero, provistos de chaleco anti balas y guantes anti corte, se desplazaron en el vehículo policial al lugar referido.
A su llegada, se encontraron con D. M. C. S., «quien padecía de esquizofrenia paranoide y no realizaba un control adecuado de su patología y tratamiento para la misma, por lo que presentaba un estado de agitación y nerviosismo portando en cada mano una navaja de 6 cm de hoja y 6,5 cm de hoja cada una que sujetaba en alto».
Tras preguntarle los agentes qué sucedía se dirigió a ellos con expresiones tales como: «hijos de puta, fuera de aquí, os voy a matar», motivo por el cual los agentes se introdujeron nuevamente en el coche policial, y solicitaron apoyo policial y la activación del SUMMA.
Escasos minutos después se personaron diversas patrullas de la Guardia Civil correspondientes a los puestos de Cerceda, Colmenar Viejo y Tres Cantos, iniciándose un operativo policial compuesto por un total de doce agentes de la Guardia Civil, al mando del agente con TIP profesional, quien inició un diálogo con D. M. C. S. para que depusiera su actitud.
El resto de agentes formaron un arco con el fin de cercarle y evitar que pudiera salir en el estado en que se encontraba. Pese a ello, D. M. C. S. no cesó en su actitud y continuó en estado agresivo gritando sin cesar expresiones tales como: «voy a matar» «voy a morir matando policías» a la vez que avanzaba hacia los agentes esgrimiendo las navajas en alto.
Transcurridos 30 minutos aproximadamente, y ante la reiterada negativa de D. M. C. S. , el agente al mando ordenó a las patrullas que colocaran sus coches a ambos lados de la plaza, momento en el que D. M. C. S. se abalanzó hacia él, sin llegar a alcanzarle ya que el agente logró esquivarle.
D. M. C. S. salió corriendo por una calle adyacente siendo perseguido a pie por el acusado y otros cinco agentes de la Guardia Civil, mientras otros iniciaron la persecución en los vehículos oficiales. Tras 20 ó 30 metros de carrera, D. M. C. S. llegó a una Plaza.
«Repentinamente» se giró con las manos esgrimiendo las navajas en alto hacia el agente con que se hallaba a un metro de distancia de él, quien logró esquivarle y efectuó con su arma reglamentaria tres disparos disuasorios al aire.
Inmediatamente después, D. M. C. S., «sin cesar en su actitud,» fijó su mirada en otro agente, el cual también efectuó con su arma reglamentaria un disparo al aire con carácter disuasorio.
«Los disparos disuasorios al aire efectuados, no sirvieron para que D. cesara en su actitud, el cual cada vez estaba más nervioso», añade la Fiscalía. Acto seguido, cuando el acusado se hallaba a una distancia de 1,60 metros aproximadamente de D. M. C. S. , armado con las navajas que exhibía en alto, se dirigió hacia él enfilándolo.
Ante ello, efectuó dos disparos seguidos que alcanzaron las extremidades inferiores de D. M. C. S., el cual cayó desplomado pocos metros después como consecuencia del impacto de las balas en las dos piernas.
Las heridas requirieron intervención quirúrgica urgente de D. M. C. S. en el Hospital La Paz de Madrid, «la cual sin embargo no pudo evitar la muerte del mismo acaecida el día 29 de septiembre de 2020 como consecuencia del shock hipovolémico derivado del sangrado masivo por rotura de la arteria poplítea tras la herida de bala en pierna izquierda».
En concepto de responsabilidad, la Fiscalía reclama al acusado y al Estado, como responsable civil subsidiario, una indemnización total de 182.725 euros para los familiares del fallecido.
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