La diputada del GPP Andrea Gigante | JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

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El Grupo Parlamentario Popular (GPP) en Les Corts Valencianes ha registrado una proposición no de ley para instar al Gobierno central a «respetar la independencia del Poder Judicial y a detener las constantes interferencias en su labor».

Esta iniciativa surge en respuesta a lo que el PP califica de «ataques vertidos recientemente por miembros del Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez contra jueces y magistrados, una actitud que pone en riesgo la separación de poderes, pilar fundamental de la democracia española», en palabras de la diputada del GPP Andrea Gigante.

La parlamentaria señala, en un comunicado, que «la independencia judicial es un principio básico de nuestro sistema democrático», por lo que «cualquier ataque a la profesionalidad e imparcialidad de los jueces es un ataque directo al Estado de derecho».

El propio Consejo General del Poder Judicial ya ha hecho un llamamiento público a la «contención» tras las críticas vertidas desde el Gobierno socialista contra el juez que investiga a la mujer de Pedro Sánchez, solicitando que se permita a los tribunales desarrollar su «potestad jurisdiccional» en cualquier circunstancia.

La iniciativa presentada por los 'populares' insta al Gobierno central a «cesar en sus injerencias sobre el Poder Judicial y a defender la honorabilidad de los miembros de la carrera judicial». «No podemos permitir que se ataque desde la política a los jueces y magistrados, ni que se cuestione su labor y profesionalidad. Debemos garantizar que puedan ejercer sus funciones con plena libertad y sometidos únicamente al imperio de la ley, tal y como recoge nuestra Constitución», afirma Gigante.

La diputada reitera «el compromiso del PPCV con la defensa de la democracia y la Constitución, al mismo tiempo que ha advertido de que »el respeto a la separación de poderes es innegociable".

«Los 'populares' valencianos vamos a seguir luchando para que se proteja la independencia de los jueces y magistrados y que los ataques a su labor cesen de inmediato. La democracia española no puede permitirse una intromisión de este tipo en su sistema judicial», concluye Gigante.