En su respuesta, Rincón ha señalado que el actual Ejecutivo autonómico ya dijo que había cuestiones que modificar y que él mismo firmó el pasado 11 de octubre la Orden del Departamento por la que se acuerda el inicio del procedimiento para la elaboración del anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 6/2023, de 23 de febrero, de protección y modernización de la agricultura social y familiar y del patrimonio agrario de Aragón.
Así, el proceso de consulta pública, con carácter previo a la elaboración del proyecto de una norma reglamentaria o legal, está abierto en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, desde el pasado 15 de octubre, hasta el 13 de noviembre.
En ese plazo, la ciudadanía puede hacer aportaciones a través de la siguiente página web: https://gobiernoabierto.aragon.es/agoab/participacion/consultas-publicas/232478737000.
El siguiente paso, una vez concluya el plazo de consulta pública, lleva al Gobierno de Aragón a abrir un proceso de consulta interno, tras el que se remitirá el proyecto de ley a las Cortes, algo que Rincón confía en que se produzca antes del verano de 2025, iniciándose la tramitación.
Javier Rincón ha comentado que esta ley se aprobó «de forma rápida» y ha expresado su deseo de alcanzar el máximo consenso posible para su modificación.
La aprobación de la citada norma pretende atender a la obligación derivada del acuerdo firmado en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Aragón, por el que ambas partes estimaron procedente la modificación legislativa para clarificar algunos aspectos.
Entre ellos figura el ámbito de aplicación de los artículos 14 y 53, el sistema alternativo de financiación de obras de regadío a las que se refiere el artículo 18 y la redacción de la disposición transitoria segunda, así como suprimir el artículo 50.
Del mismo modo se pretende mejorar la regulación de determinados conceptos y procedimientos, como la capacidad de explotaciones ganaderas, distancias entre ellas y unidades mínimas de cultivos y registros.
Instrumento "potente"
Por su parte, Iglesias ha expresado que la Ley de Agricultura Familiar «es un instrumento potente para las pequeñas y medianas explotaciones, que se ven amenazadas por la progresiva corporativización del campo y la falta de relevo generacional».
El parlamentario socialista ha comentado que algunos aspectos de esta ley «no están funcionando bien», en alusión a las unidades mínimas de cultivo y las distancias entre determinadas granjas. Ha mostrado la disposición del PSOE a abordar esta reforma legislativa.
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