La Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante ha sido la que ha investigado los hechos, ha informado la Jefatura en un comunicado. Una operación dentro del sector inmobiliario --al que la víctima se dedicaba-- por el interés de un particular en adquirir once viviendas en una localidad costera de Alicante fue el paso previo a la extorsión.
Todo empezó cuando presentaron a la víctima a un presunto comprador de las viviendas, quien finalmente recondujo el negocio hacia la compra de criptomonedas e involucró a otras dos personas.
El comprador, varón y presuntamente de origen israelí, dijo no disponer en ese momento del dinero necesario, por lo que propuso a la víctima que le pusiera en contacto con alguien que vendiera criptomonedas y luego compraría las villas. Según explicó, quería adquirirlas a través de terceras personas en lugar de hacerlo por una plataforma especializada en criptoactivos. En este punto, dejó a su sobrino como persona de contacto para seguir con la operación.
Reunión en marbella
La víctima, con el fin de realizar la transacción de compra del activo digital, se desplazó a Marbella (Málaga) junto con otros dos varones que hicieron posible el vínculo con los vendedores de criptoactivos. Estos, originarios de Europa del Este, se encargarían de realizar la operación a cambio de una comisión de mil euros.
Entre estas dos personas --que hicieron posible el contacto-- y el sobrino del comprador israelí adquirieron 25.000 euros en criptomonedas y se interesaron en obtener más.
Pasado un tiempo, el comprador de las villas ya no volvió a mostrar interés por ellas y tampoco volvió a comprar más criptomonedas. De otra parte, el otro varón que obtuvo estos activos se arrepintió de la operación y quiso que le devolvieran lo invertido, por lo que se reunió de nuevo con los vendedores de Marbella.
Tras el encuentro, manifestó a la víctima que no solo no le habían devuelto su dinero, sino que le pedían 200.000 euros por la operación que no se llegó a realizar. Además, le dijo que le habían atado con bridas y encapuchado para que pagara tal cantidad y que así fuera liberado. El objetivo era crear una atmósfera «de inquietud y desasosiego» para dar la sensación al promotor de que eran «muy peligrosos».
Con este argumento le exigió al profesional del sector inmobiliario que le abonara 100.000 euros. De lo contrario, proporcionaría su dirección y datos a personas de Marbella para que fueran a por él. En este contexto, el promotor llegó a recibir llamadas en las que alguien, con acento de Europa del Este, le amenazaba si no pagaba esa cantidad.
La víctima, lejos de ceder a la extorsión y en un estado de «ansiedad y pánico» generado por la situación, decidió poner una denuncia en la Policía Nacional.
Los agentes encargados del caso, tras identificar al presuntos autor de las amenazas vertidas contra el promotor inmobiliario, le detuvieron acusado de un delito de extorsión.
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